Según el escrito de acusación pública, M.R.R. se puso de acuerdo con su madre, L.R.V. (que era agente mediador de la compañía de seguros Generalli) y con su tía, J.R.V., para simular un accidente de tráfico. Así, presentó una denuncia por un falso siniestro ocurrido el 26 de septiembre de 2011, en el que supuestamente su tía había impactado su coche contra la motocicleta de él, asegurada por Generalli.
Ambos cubrieron un parte de accidente, en el que J.R.V. asumía la culpa del choque, y la denuncia dio lugar a un juicio de faltas, pero el procedimiento se archivó por acuerdo extrajudicial de las partes. De manera que la compañía aseguradora del coche de la mujer, Patria Hispana, indemnizó a M.R.R. y pagó diversos gastos hasta casi 4.000 euros.
En abril de 2012, el acusado presentó una demanda contra Patria Hispana para reclamarle otros 1.665,87 euros por diversos desperfectos en su moto, ocasionados, según su versión, en siniestro de septiembre del año anterior. Pero el procedimiento se archivó por renuncia de M.R.R., quien se percató de que la compañía aseguradora estaba investigando la veracidad de los hechos.
La Fiscalía atribuye a M.R.R., a su madre y a su tía una simulación de delito y, además, a él le considera también autor de un supuesto delito de estafa procesal. Para el primero reclama penas que suman 3 años y tres meses de prisión, y una multa de 1.800 euros; mientras que solicita dos años y medio de cárcel para cada una de las mujeres. Pide también que todos los acusados indemnicen solidariamente a Patria Hispana en los casi 4.000 euros supuestamente estafados.
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