Sara Fernández ha avanzado que defenderá una moción en el pleno municipal para que los afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre plusvalías puedan reclamar y ver satisfecha la reclamación.

El pasado viernes, el TC ha emitido una sentencia en la declara inconstitucional varios artículos de la norma foral del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como 'plusvalía municipal' porque la cobran los ayuntamientos) en Guipúzcoa, al entender que va contra el principio de capacidad económica tributar por este impuesto cuando la venta del inmueble se ha realizado con pérdidas.

"Nos congratulamos de la sentencia del Constitucional porque ha puesto de manifiesto la inadecuada regulación de este impuesto", ha enfatizado Sara Fernández al indicar que hasta la publicación de esta sentencia se ha obligado a los contribuyentes a "realizar pagos de un tributo cuando no habían obtenido ningún beneficio en la transmisión de viviendas y locales".

En rueda de prensa, ha relatado que los ayuntamientos han tenido ingresos "indebidos por ganancias que no se han producido" y, por ello, con la moción pretenden que el Ayuntamiento de Zaragoza "devuelva las cantidades cobradas indebidamente por este concepto. Que deje de mirar para otro lado y se tomen medidas urgentes", ha apremiado la portavoz de Cs.

Sara Fernández ha lamentado que los Ayuntamientos "no han tenido en cuenta la situación de minusvalía en casos de desahucios o daciones en pago, que ahora ya no se cobra, pero esta aplicación indiscriminada obvia los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad de los tributos, tal y como exige la Constitución".

CUATRO AÑOS

Ha estimado que puesto que la autoliquidación del Ayuntamiento permite retrotraerse cuatro años para reclamar cantidades indebidas "se podría aplicar ese mismo margen sobre la plusvalía" y aunque es el afectado el tiene que reclamar, Cs propone que sea el Ayuntamiento el que de 'motu proprio' lo devuelva una vez que el contribuyente demuestre que no ha habido ganancia.

A su parecer, sería aportar una solución "hasta que cambie la Ley de haciendas locales, que llevará largo tiempo", ya que es el texto legal donde se regula el cobro de este impuesto por los ayuntamientos.

Sara Fernández ha reconocido que "no se sabe la cuantía global" que el Ayuntamiento de Zaragoza ha podido cobrar de más por este concepto, pero ha dicho que según datos del área de Economía en 2016 constan 75 millones de euros de derechos reconocidos de cobro, y en 2017 en el presupuesto hay una estimación de 65 millones de ingresos por este concepto.

Aunque no todos estos millones corresponden a cobros indebidos, Sara Fernández ha agregado que "los casos de no ganancia serán los mínimos".