Según se declaró probado en el juzgado, y consta en la sentencia de la Audiencia a la que ha tenido acceso Europa Press, los acusados presentaron un contrato de trabajo falso ante la Subdelegación del Gobierno, "iniciando los trámites necesarios para la obtención del permiso de trabajo y de residencia".

Pero, dicho trabajador no prestó servicios laborales en la empresa del acusado, señalaba la resolución, ni en el centro de trabajo que aparecía, que era una panadería ubicada en Málaga capital, "llegando a confeccionarse nóminas de la empresa a través de las cuales se pretendía acreditar una relación laboral inexistente".

No quedó acreditado, apuntaba la sentencia, que los acusados, a través de otras tres empresas, presentaran ofertas mendaces ante la Subdelegación a favor de otros extranjeros para obtener también los permisos de residencia y trabajo, quedando acreditado solamente un caso.

Así, se les condenó por un delito de falsedad. Además de la pena de prisión, se les impuso un multa de seis meses, con una cuota diaria de diez euros, lo que supone el pago de 1.800 euros. La sentencia fue recurrida por las defensas, pero el Tribunal de apelación ha confirmado la resolución.

La Sala señala las "dificultades" para investigar este tipo de delitos, ya que los extranjeros afectados "suelen ser, además de víctimas, sujetos activos de los delitos" y una vez que obtienen el permiso de residencia "es muy difícil localizarlos para poderlos oír en declaración".

Así, se concluye que "no existió relación laboral alguna" y se precisa que "si el acusado le entregó algún dinero, cantidades muy exiguas, a modo de limosna, al hombre, fue por otros motivos ajenos a dicho supuesto contrato".

Además, al gestor se le absuelve de un delito continuado de falsedad, al no haberse constatado que participara en la contratación irregular de 56 trabajadores extranjeros, la mayoría de los cuales obtuvo el permiso de residencia. Y ello debido, dice la sentencia, a que "se ha realizado una investigación judicial deficiente" al respecto.