Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, entre el mes de enero de 2013 y el mes de agosto de 2014, los operarios de dicha empresa, actuando según el plan diseñado por el jefe de la misma, se ofrecían para realizar inspecciones rutinarias en domicilios de la capital cordobesa.

Allí donde encontraban personas "especialmente vulnerables, bien por razón de su avanzada edad, bien porque se encontraban solas o enfermas", supuestamente aprovechaban estas situaciones para "convencerlas de que tenían obligación de realizar cambios en la instalación del gas".

De este modo, "accedían a los hogares y realizaban revisiones no exigibles y simulaban o llevaban a cabo reparaciones que no se correspondían con necesidades reales". Cuando cambiaban piezas no dejaban en el domicilio las piezas sustituidas.

Tras ello, los operarios emitían factura y exigían el pago inmediato. Cuando las víctimas manifestaban carecer de efectivo en la casa, iban provistos de una terminal para el pago mediante tarjeta de crédito.

ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA

Según explican desde la Sección de Defensa de los Consumidores de la Fiscalía Provincial de Córdoba, las víctimas fueron muy numerosas. Una parte de ellas presentaron reclamaciones ante los distintos Servicios de Consumo y denuncias que se tramitaban independientemente.

Las denuncias, dado que el importe cobrado solía estar en torno a los 260 euros, daban lugar a juicios de faltas -actualmente delitos leves-, "con consecuencias nada disuasorias para los autores", señalan desde el Ministerio Público.

No obstante, el fiscal en la materia pidió tanto al Servicio de Consumo del Ayuntamiento, como al de la Junta de Andalucía, que agrupasen todas las reclamaciones para presentar desde la Fiscalía una denuncia conjunta por delito continuado de estafa, en atención a la cifra total defraudada.

Al respecto, detalla que hechos similares se han producido en distintas provincias españolas, "causando gran alarma social". Ello llevó al Cuerpo de Policía Nacional a realizar programas de información y concienciación -impartidos en centros cívicos y centros de día, donde acuden personas mayores-, así como a reforzar la vigilancia sobre estas conductas. Entidades como Cruz Roja Española impulsaron iniciativas similares.

Además, el Ministerio Público destaca que en lo relativo a la protección de la personas mayores, en su condición de consumidores, Andalucía fue pionera cuando en el año 1999, en la Ley de Atención y Protección a las Personas Mayores incluyó un precepto (art. 48) destinado a este fin "especialmente en relación a las ofertas comerciales dirigidas específicamente a este sector de la población".

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