Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que estas cinco personas, ninguna de las cuales pertenece a la Guardia Civil, han prestado declaración ante la juez instructora Carmen Lamela, a través de videoconferencias organizadas en los juzgados de Coria del Río.

Tras escucharles, la juez instructora ha ordenado su ingreso en prisión por presuntos delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal, con lo que han seguido exactamente la misma suerte que las seis personas detenidas a comienzos de enero.

En el caso de los seis primeros arrestados, recordémoslo, fueron todos enviados a prisión por presuntos delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal, toda vez que a los cuatro agentes detenidos del puesto de la Guardia Civil de Isla Mayor, uno de ellos el sargento del puesto, se les achaca además presuntos delitos de cohecho, denuncia falsa y revelación de secretos.

La operación, de gran impacto mediático y social, sobre todo en Isla Mayor a cuenta del arresto de cuatro de los ocho agentes de su puesto de Guardia Civil, se saldó en un principio con la incautación de 50 fardos de hachís, dinero en metálico, varios vehículos a motor entre los que figuran algunos sustraídos, material informático, telefonía móvil, varios pasamontañas, embarcaciónes semirígidas con motores, remolques, grúas de embarcaciones, material de transmisiones, motos de agua, diversas herramientas, diversa cartuchería, pastillas de hachís, un surtidor, numerosas garrafas y depósitos de gasolina.

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