La investigación del caso del 3%, sobre el presunto pago de comisiones a CDC, ha puesto ahora bajo sospecha la adjudicación de obra pública por el gobierno municipal de Xavier Trias en Barcelona, tras una operación en la que han sido detenidas 18 personas, entre ellas tres cargos del partido y el presidente del Puerto, Sixte Cambra.

En la cuarta fase del llamado caso del 3%, la Guardia Civil ha detenido al tesorero de Convergència Andreu Viloca, el exteniente de alcalde de Barcelona Antoni Vives -uno de los principales colaboradores de Trias y que también está imputado en otra causa por contrataciones ilegales cuando gestionaba Barcelona Regional-, y el antiguo responsable de los servicios jurídicos de CDC Francesc Sánchez.

Los agentes han conducido a dependencias policiales a Viloca, Vives, Sánchez; al exdirector de Infraestructures.cat Josep Antoni Rosell; al exconsejero delegado de Copisa Xavier Tauler y a Josep Manel Bassols (Oproler Barcelona).

Otros detenidos han quedado en libertad después de haber estado presentes en los registros. Entre ellos, Cambra; el director de la empresa municipal barcelonesa Bimsa, Ángel Sánchez; Antoni Vives, y el exgerente municipal barcelonés Constantí Serrallonga, actual director general de Fira de Barcelona.

También han permanecido retenidos durante los diversos registros practicados el director técnico de Bimsa Ernesto Edmundo Santolaria, y la directora de contratación y finanzas de Infraestructures.cat, Pilar Matesanz.  Lo mismo ha sucedido en el caso del consejero delegado de Comsa José Miarnau; de José María Zaragoza y Sergio Lerma (Oproler); Félix Pasquina (Pasquina), y el director general de la empresa Benito Arnó e Hijos, Ramon Anglada.

Se les investiga por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, ha informado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado.

La Fiscalía Anticorrupción considera que Viloca -que estuvo tres semanas en prisión en 2015 tras ser detenido en una fase previa de este caso- desarrollaba un papel clave en el control del pago de comisiones de empresas a cambio de adjudicaciones de obra pública de administraciones en poder de Convergencia, en concursos que, pese a aparentar legalidad, se otorgaban previamente a medida.

El núcleo de la operación, que deriva de la documentación incautada en la fundación Catdem y en el despacho de Viloca en 2015, se sitúa en los contratos de obra pública adjudicados durante la etapa de Xavier Trias (CiU) al frente del Ayuntamiento de Barcelona (2011-2015), especialmente en las obras del túnel de la plaza de las Glòries, concedida tan solo tres meses antes de que CiU perdiera el poder en la capital catalana.

Además del túnel de Glòries, los agentes también han solicitado al consistorio los expedientes de la reforma de la Avenida Paralelo, del carril bici entre Bac de Roda y Felip-II, del mirador del pasaje de la Carretera de les Aigües y de las obras de rehabilitación en la calle Luca.

En la operación también ha sido detenido Sixte Cambra, un empresario del círculo personas más próximo al expresidente catalán Artur Mas, y se ha registrado su despacho en búsqueda de expedientes sobre la contratación de dos obras: la ampliación del muelle sur y del dique este.

Ambos proyectos fueron adjudicados a Comsa, cuyo máximo responsable, José M.M., también ha sido arrestado durante unas horas mientras se registraba su despacho profesional.

Precisamente, en un proceso paralelo, la Fiscalía pide penas de siete años de cárcel para nueve directivos de constructoras acusados de estafar 29 millones de euros al Puerto de Barcelona inflando las facturas para la construcción del Dique Este, mediante falsas compras de material de calidad superior al finalmente utilizado.

En Girona, la Guardia Civil ha detenido el propietario de la empresa Rubau Tarrés, Josep Rubau. El constructor fue condenado a pagar una multa de más de 33.750 euros por el caso del soborno de 35.000 euros al exgerente de GISA, Jordi Vergé, a cambio de favorecer a la empresa en la adjudicación de obra pública.

Vergé tuvo que abonar 16.875 euros y el miembro del consejo de administración de la constructora, Joan Mozo, 10.125 euros. El juicio no se llegó a celebrar después de que los acusados admitieran las acusaciones.

Según han informado fuentes del instituto armado, la operación, Pika, dirigida por el juzgado de instrucción número uno del Vendrell (Tarragona), se centra en la licitación pública de contratos amañados con tres empresas, que como contraprestación realizaban donaciones a fundaciones satélite del partido catalán.

Todas las detenciones -cerca de 20- y registros se centran en las provincias de Barcelona, Lleida, Girona y Madrid, en doce municipios, concretamente Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Rubí, l'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Lleida, El Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Girona, Berga y Majadahonda.

La operación Pika es continuación de las tres fases de la operación Petrum, desarrolladas por la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona y que investiga desde 2015 el presunto pago de comisiones del 3 por ciento a CDC a cambio de obra pública.

Paralelamente a la acutación judicial, el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha asegurado en rueda de prensa que la operación de este jueves "tiene una gran intencionalidad política". El exalcalde de Barcelona asegura que "en su caso es especialmente grave" y se ha lamentado de que "nos pasa cada vez".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha ordenado abrir un expediente informativo para recopilar toda la documentación sobre la empresa municipal BIMSA y las obras que contrató el consistorio cuando era gobernado por CiU y no ha descartado abrir una comisión de investigación.

La alcaldesa se ha reunido esta tarde de jueves con todos los grupos municipales para compartir la información de que dispone, que ha dicho que no era mucha, sobre la operación que la Guardia Civil está llevando a cabo hoy, en el transcurso de la cual han detenido al exteniente de alcalde Antoni Vives (CDC) y al exgerente del ayuntamiento en la época de Xavier Trias, Constantí Serrallonga.

La alcaldesa de Barcelona ha rehusado hacer una valoración política de la operación y ha manifestado su respeto por la actuación judicial

El tesorero de CDC ya fue detenido en octubre de 2015, en el marco de una fase previa del llamado "caso del 3 %", y permaneció 20 días en prisión preventiva, hasta que la formación le pagó los 250.000 euros de fianza que le exigía el juez para dejarlo en libertad provisional.

En esa ocasión, Andreu Viloca -que sustituyó en el cargo de tesorero a Daniel Osàcar, quien afronta siete años y medio de cárcel por el pago de comisiones a CDC a través del Palau de la Música- fue detenido por los delitos de prevaricación, cohecho, financiación ilegal, alteración de concursos públicos, falsedad y blanqueo de capitales.

Viloca ingresó en prisión preventiva por orden del juez instructor, pero la Audiencia de Tarragona lo dejó en libertad, aunque le fijó una fianza de 250.000 euros por considerar que existía riesgo de fuga, dada su relación con un "entramado organizado, con amplia capacidad económica, con contacto con diferentes personas de especial relevancia (...)"

A Sixte Cambra lo nombra la Generalitat presidente del Port de Barcelona en 2011 después de una larga trayectoria profesional como empresario, consultor -siempre ligado al deporte y al Barça, y es amigo personal de Artur Mas y ha sido uno de sus consultores habituales. No milita en Convergencia pero siempre ha estado próximo al partido y llegó a ser senador independiente por CDC desde 1993 al 2004 y presidente de la comisión de Hacienda del Senado desde el 2000 al 2004.

Su relación con el Barça también es extensa: fue vicepresidente del Barça y en 1989 candidato a las elecciones del FC Barcelona disputando la presidencia con Josep Lluís Nuñez, pero salió derrotado.

En 1992, Sixte Cambra fue director del Estadio Olímpico y coordinador del Anillo Olímpico.

No es la primera vez que Sixte Cambra se ve envuelto en una causa judicial. En mayo de 2014 fue investigado por presuntas irregularidades en la concesión del embarcadero para yates de lujo junto al Hotel W de Barcelona.

Lo investigaron por haver diseñado presuntamente un concurso a medida de la empresa Formentera Mar "con el ánimo de favorecer a su propietario". La querella se archivó un año después.

Antoni Vives empezó su carrera política vinculado al movimiento independentista Moviment de Defensa de la Terra (MDT) y de ERC, formación en la que entró por Acció Catalana de la que fue secretario general. En 1998 saltó de ERC a CDC.

Antoni Vives ha formado parte del círculo de personas próximas a Artur Mas, conocido como el 'pinyol', del que formaban parte David Madí (próximo a otro de los detenidos: Francesc Sánchez), Francesc Homs y Oriol Pujol.

Vives ha tenido cargos en los gobiernos de Jordi Pujol, fue secretario entre los años 2001 y 2003, y en 2007 pasó a formar parte del equipo de gobierno municipal del alcalde Xavier Trias.

En el Ajuntament de Barcelona, Antoni Vives fue teniente de alcalde y controlaba las áreas de Urbanismo y la empresa de contratación de obra pública Barcelona d'Infrastructures Municipals (BIMSA) que está siendo investigada.

Además, Antoni Vives está siendo investigado y deberá comparecer ante el juez el 23 de febrero por la presunta contratación fraudulenta de personal en la empresa Barcelona Regional.

Francesc Sànchez llegó a la cúpula de CDC desde la base del partido donde empezó en la juventudes de CDC, la JNC. Sànchez fue secretario de organización de Convergència Democràtica y hombre de confianza de Artur Mas.

Se ha encargado de calmar las aguas en CDC tras la confesión de Jordi Pujol y el estallido de la operación Petrum.

En esta última etapa, Sánchez es el coordinador de régimen interno de Convergència y uno de los encargados de pilotar el proceso de refundación del partido en el actual PDeCat.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que "hay que disipar cualquier duda" respecto a que la operación de la Guardia Civil en Barcelona contra la presunta financiación irregular de CDC sea una respuesta a la intensificación del proceso soberanista en Cataluña.

En declaraciones a la Cadena SER, Zoido ha descartado que la operación Pika sea una respuesta a un acelerón del proceso soberanista, tras los anuncios de puesta en marcha de la hacienda propia catalana y las declaraciones de miembros de la Generalitat de que el referéndum soberanista podría incluso adelantarse.

El momento en el que se desencadenan las operaciones no depende muchas veces de la Guardia Civil o la Policía, ha subrayado el ministro, quien ha recordado que las detenciones y los registros se están practicando por orden de la autoridad judicial, en concreto del juzgado de instrucción número uno del Vendrell (Tarragona).

En este caso, Zoido ha subrayado que es la cuarta vez que se realiza una operación de estas características en el caso de la supuesta financiación irregular de CDC y ha dicho que "no ha sido a instancias de la Guardia Civil, sino de la propia autoridad judicial".

La operación investiga el presunto pago de comisiones de empresas donantes de la antigua Convergència por la adjudicación de obras como el túnel de Glòries o la ampliación portuaria.

Entre las obras investigadas en la causa, que el juez mantiene bajo el secreto de sumario, figuran el proyecto para construir el túnel para soterrar la Gran Via en la plaza de Glòries de Barcelona, que se adjudicó durante la etapa de gobierno de Xavier Trias (CiU), cuando el exconcejal Antoni Vives, también entre los detenidos, era el responsable de Bimsa.

Estas obras fueron adjudicaras a una unión temporal de empresas integrada por las empresas Romero Gamero, Benito Arnó e Hijos, Copisa y Comsa.

Precisamente, en la operación también se están registrando las dependencias de la constructora Comsa, a quien el Puerto de Barcelona también ha encargado varias obras de ampliación de esta infraestructura portuaria, como el muelle sur, con un presupuesto de 4,2 millones de euros.

El Puerto de Barcelona ha asegurado tener la "certeza" de que todos los procedimientos y expedientes de licitación se han realizado siempre de acuerdo con la legislación vigente y han sido sometidos a todos los requerimientos técnicos y jurídicos.

Desde las instalaciones portuarias, han asegurado que el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, "está colaborando con las diligencias judiciales y está facilitando toda la documentación requerida".

Con todo, el caso se remonta a hace una década cuando en 2005, durante un debate en el Parlamento catalán sobre el hundimiento del túnel del Metro en el barrio de El Carmel, el entonces presidente de la Generalitat Parqual Maragall (PSOE) le espetó al entonces líder de la oposición, Artur Mas (CiU): "Ustedes tienen un problema y se llama 3%".

Las palabras de Maragall no eran más que una velada acusación a que durante años de Gobierno de CiU las obras públicas se gravaban con tal porcentaje en forma de comisiones que servían para financiar la formación nacionalista.

Casi una década después, la operación Petrum y ahora la Pika son las últimas líneas de investigación abiertas sobre esas supuestas comisiones.

La operación tiene su origen en un presunto caso de corrupción investigado en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) a raíz de las denuncias presentadas en 2013 por la exconcejal de ERC en Torredembarra (Tarragona) Montse Gasull.