A este hombre le fue impuesta una pena de siete años de cárcel por unos hechos descubiertos en el año 2010 por mantener a sus canes en "condiciones deplorables". Sin embargo, no llegó a ingresar en prisión al no contar con antecedentes penales. Mientras se encontraba a la espera de ese juicio, en 2012, tuvo lugar un nuevo hallazgo de perros en similares circunstancias.

El Juzgado de lo Penal de Segovia ha suspendido el juicio al no poder localizar al acusado, a pesar de las diligencias practicadas de urgencia durante el fin de semana. Las medidas cautelares que le habían sido impuestas tras no ingresar en prisión incluían la libertad provisional y la obligación de presentarse en sede judicial por los llamamientos que se efectuaran en relación con la segunda causa.

Por ello, la abogada de PACMA, Mónica Olivares, ha reclamado que se levanten esas medidas cautelares y que el acusado cumpla prisión preventiva "si es necesario", hasta que se celebre el juicio. Olivares ha calificado la situación como "gravísima", al no tratarse de un caso "aislado" en el historial de esta persona.

Según su relato, tanto en el hallazgo de 2010 como en el de 2012, los animales se mantenían en espacios muy reducidos. En algunos casos, en cajones de alrededor de un metro cuadrado de superficie, además de no contar con alimentos "en días" ni agua para su manutención. La letrada ha aludido a informes de veterinarios de la Junta de Castilla y León que avalarían esas circunstancias.

Igualmente, en ambos casos habrían convivido ejemplares vivos con otros que ya habían muerto, con el consiguiente "trastorno físico y psicolígico". Hechos que, según Olivares deben "llamar la atención" tanto de las sedes judiciales como de la sociedad civil, porque "no se puede permitir" que este tipo de personas "campen alegremente" por la calle y, tras ser citado en juzgado, no se presente "con esa valentía y facilidad" y que "aquí no pase nada".

Por eso, la abogada ha apuntado que PACMA instará a "todas las vías jurídicas necesarias" para que se cumplan "con fuerza y contundencia" las penas que correspondan". Porque como ha recordado Mónica Olivares, no se trata de un asunto de sensibilidad, ya que el maltrato animal está contemplado en el Código Penal y ha solicitado que se cumpla "lo que dice el texto".

Olivares ha detallado que la siguiente orden que tendría que emanar del juzgado es una requisitoria, "para que se le busque y se le encuentre". De hecho, al menos una de las declaraciones previas de este hombre ha necesitado de ese procedimiento para su comparecencia ante el juez.

No obstante, no hay un plazo determinado para que el tribunal mueva ficha, como ha aseverado la letrada, que también ha incidido en que ese tiempo dependerá de la "carga laboral" que maneje tanto el juzgado como su titular.