Los responsables del vertido de Las Gaviotas podrían enfrentarse a penas de hasta cuatro años de prisión si la Fiscalía estima la denuncia que Ben Magec presentó , ya que consideran que si bien no hubo mala fe sí se produjo una negligencia, "no sólo de la empresa sino también por la irresponsabilidad de las administraciones con competencias en la materia".

Según los ecologistas la Ley Orgánica sobre Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente del Código Penal, establece que los responsables de los vertidos en espacios naturales protegidos (como es el caso de la playa de Las Gaviotas que pertenece al Sitio de Interés Científico de Jinámar) serán castigados con las penas de prisión de seis meses a cuatro años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.

Ben Magec se ha quejado además de que la normativa del espacio natural no se haya aplicado porque las normas del Sitio de Interés de Jinámar establece que la tubería de suministro a Unelco-Endesa tenía que cambiarse de sitio e ir junto a la carretera, algo que el portavoz de los ecologistas, Antonio Hernández, asegura llegó a aprobarse en el Patronato de Espacios Naturales pero no se realizó.

"Sólo cuando fue propuesto por la empresa constructora del centro comercial que está en obras se solicitaron los permisos", afirmó Hernández quien además quita hierro al hecho de que la empresa solicitó al Ayuntamiento el cambio de la tubería hace unos meses ya que, sostiene "la ley lleva desde 1994 y se espera al último para solicitarlo".

En cuanto a las afecciones en el lugar, Ben Magec asevera que los movimientos de tierras han ocasionado una alteración del hábitat y se ha cercenado la posibilidad de expansión de la hierbamuda (lotus kunkelli), planta exclusiva de esta zona de Gran Canaria cuyo estado de conservación en la actualidad es bastante preciado según los ecologistas.

Además, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias está esperando los informes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil sobre el vertido para iniciar una investigación a la empresa DISA, propietaria de la tubería que se rompió, por si pudiera haber incurrido en un delito de imprudencia.

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