Así lo ha asegurado este jueves el dirigente de En Marea, que ha criticado que este decreto "rebaja las condiciones" que se deben cumplir ante una sentencia que señala que "existe una cláusula abusiva declarada nula de pleno derecho". "Si no cumplen, las consecuencias naturales serían la devolución completa de todo el dinero e intereses más las costas", ha indicado.

Sin embargo, según ha advertido Villares, con este decreto "se concede una mayor fuerza negociadora a la banca en la medida en la que hay una amenaza sobre las cosas en función de la oferta que se haga".

"La oferta que se hace en el primer momento por la banca no se concreta, simplemente se anuncia que existen procedimientos extrajudiciales. En segundo lugar, no queda claro si hay que cuantificar solamente el capital o el capital y los intereses, cuando lo legal es que sea también con notificación de capital e intereses para que después los consumidores puedan decidir si realmente se les está devolviendo lo que se les debe o no", ha precisado exmagistrado.

A ello, ha añadido que, además, el documento "aún deja en la cabeza de los bancos decidir si las cláusulas que tienen particularmente ellos puestas son abusivas o no" cuando, como ha recordado, la sentencia europea "deja bien claro que son todas abusivas".

ARBITRAJE

Frente a ello, Villares ha pedido que se ponga en marcha un sistema de arbitraje en el que participen las asociaciones de consumidores y que "deje bien claro que tiene que haber una oferta en todos los casos en los que hubo cláusulas suelo y que esa oferta debe incluir capital e intereses".

"Lo que no puede haber es un real decreto que dé unilateralmente a los bancos todo el poder de hacer las ofertas, entendemos que esa situación debería estar como mínimo intervenida por las asociaciones de consumidores", ha señalado Villares, que ha recordado que el Gobierno podría habilitar a cualquier administración para este arbitraje como la Xunta, que tiene competencias en materia de consumo.