Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra
Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra EP/PARLAMENTO DE NAVARRA

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, las cuatro formaciones que sostienen al Gobierno foral, han respaldado la decisión del Ejecutivo de abonar al Estado en el cuarto y último pago anual 93 millones de euros menos, mientras que UPN, PSN y PPN lo han criticado y han acusado al Gobierno presidido por Uxue Barkos de actuar de forma "unilateral".

Así lo han puesto de manifiesto tras la sesión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de este lunes, en la que se han tramitado distintas preguntas a pleno presentadas por los grupos sobre esta cuestión. Además, el consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, comparecerá el miércoles en el Legislativo para explicar la decisión adoptada por el Ejecutivo.

En concreto, el regionalista Javier Esparza ha criticado que el Gobierno de Navarra esté utilizando el Convenio Económico como "arma arrojadiza" y ha exigido al gabinete liderado por Uxue Barkos que sea "mucho más responsable" en esta cuestión.

En su opinión, "todos los gobiernos nacionalistas e independentistas han buscado la confrontación con España y el Gobierno de Navarra está utilizando el Convenio como arma arrojadiza en esa búsqueda del enfrentamiento, que no sabemos a dónde nos lleva". "Es un error estratégico, no se puede buscar la confrontación con España desde el punto de vista nacionalista y usar como herramienta el Convenio", ha argumentado.

Por contra, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha defendido la decisión adoptada por el Ejecutivo de abonar al Estado 60 millones en la última aportación del año 2016, una posición basada en "un cálculo técnico" y que "no es una decisión pensada para cuadrar los Presupuestos". "Según estos técnicos, en los últimos años los navarros hemos estado pagando entre 100 y 150 millones de euros más al Estado. Está claro que Navarra ha estado pagando más de lo que le correspondía", ha planteado Martínez.

A su juicio, "hicimos bien al desalojar a UPN del Gobierno porque contaba con los mismos técnicos que tiene este Gobierno", por lo tanto, "o es mal gestor o no le preocupan realmente los intereses de los navarros, o lo que sería más grave las dos cosas juntas". Además, ha considerado que "unilateralidad es la que ha estado ejerciendo el Estado que ha bloqueado la renovación del Convenio, que sigue en estos momentos bloqueada".

EH BILDU PIDE QUE SE HAGA PÚBLICO EL INFORME DE LOS TÉCNICOS

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha apoyado la posición adoptada por el Ejecutivo foral y ha reivindicado que "ya era hora de que un Gobierno defendiera de verdad los intereses de Navarra, defendiera sin complejos la posición de Navarra frente al planteamiento del Estado de una interpretación unilateral de lo establecido en el Convenio".

"Se estaba produciendo un sobrepago", ha remarcado Araiz, quien ha pedido al Gobierno de Barkos que haga público el contenido del informe elaborado por los técnicos de Hacienda, que apunta a que se ha pagado entre 100 y 150 millones más al Estado, un informe que es "de interés público". "En este asunto es importante que la transparencia sea total, que la sociedad navarra comparta y haga suyos los planteamientos del Gobierno en defensa de la posición de Navarra", ha apuntado.

La portavoz de Podemos, Laura Pérez, también ha apoyado al Gobierno de Navarra en su decisión sobre la última aportación al Estado y ha opinado que "el incumplimiento unilateral ha venido dado por el Gobierno central". A su entender, "el Gobierno de Navarra ha actuado de buena fe intentando sentarse a negociar, mientras que el Gobierno central ha incumplido su obligación de negociar".

Además, ha lamentado que partidos como UPN, PPN y PSN "antepongan intereses de partido a los intereses de los navarros", en la medida que la cifra demandada por el Estado "supone un exceso que podría invertirse en otro tipo de necesidades".

PSN: "EL POSICIONAMIENTO DEBE SER EL ENTENDIMIENTO"

La socialista María Chivite, por su parte, ha defendido que en lo referente al Convenio Económico "el posicionamiento debe ser el entendimiento" y ha destacado que "a Navarra siempre le ha ido bien cuando ha habido buenas relaciones con España y ha habido entendimiento".

Tras señalar que "este tema debía haberse resuelto en el año 2014, con UPN y PP en los gobiernos", Chivite ha afirmado que no le gusta "la unilateralidad del Gobierno de Navarra con el Gobierno de España", así como "la unilateralidad del Gobierno con el resto de formaciones políticas del Parlamento". Por ello, ha pedido a Barkos que "reúna a todos los partidos navarros para conseguir la unanimidad de las fuerzas políticas".

En representación del PPN, Ana Beltrán ha acusado al Gobierno de Navarra de "no ajustarse a la legalidad" en la aportación al Estado, "un signo claro de primar su ideología y su interés político por encima de los intereses de los navarros". "Tenemos un Gobierno que los navarros no merecen, porque mienten y se saltan la ley", ha sostenido.

Para la portavoz 'popular', el Gobierno de Navarra ha pagado 93 millones menos al Estado para "esconder únicamente sus vergüenzas que son principalmente no saber dirigir esta comunidad y para que no se vea que no pueden cumplir con su presupuesto". Y ha asegurado que esta decisión "sienta un mal precedente a la hora de exigir a los ciudadanos que cumplan con sus obligaciones". "No tienen fuerza moral de exigirlo cuando un gobierno no es capaz de hacer lo mismo", ha aseverado.

Finalmente, José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, ha expresado su "respeto" a la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra, una decisión que "ha tomado el Ejecutivo, no el cuatripartito", y que la presidenta les comunicó minutos antes de la rueda de prensa de Aranburu. Ha afirmado, además, que entienden que es una decisión que compete al Ejecutivo y que "tiene base jurídica suficiente para ser tomada".

Asimismo, ha subrayado que I-E "no va a estar en ninguna dinámica política de confrontación o agravio territorial" y ha defendido que lo "urgente" es "negociar y acordar" la actualización del Convenio Económico. A su entender, "la principal responsabilidad desde la lealtad institucional recae en el Estado" y ha pedido al Gobierno central que "active sin más demora los ámbitos y mecanismos de esa negociación".

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