Así lo avisan en un comunicado difundido a propósito de las discrepancias de la administración central respecto a la citada ley, aprobada recientemente en el Parlamento regional, y que la formación morada "desconoce", ya que no les "informado" del asunto, sino que se han enterado "por la prensa", que es la "costumbre" del Ejecutivo autonómico.

La diputada Verónica Ordóñez ha señalado al respecto que el apartado cuarto de la disposición adicional octava al que hizo referencia ayer el bipartito en un comunicado es "muy amplio", y en él se recoge "un abanico importante de supuestos".

Así, la mención "genérica" de este apartado les "impide conocer con exactitud" el alcance de las dudas del Estado respecto a la citada ley y derecho, pues "se habla de invasión de competencias sin especificar exactamente en qué".

Por eso, este martes los dirigentes morados se han puesto en contacto con el Gobierno cántabro para que les haga llegar los informes en cuestión y poder analizarlos con detenimiento.

En todo caso, y al margen de cómo se articule el derecho de adquisición preferente, la parlamentaria ha asegurado que esto no afectaría al realojo y retorno, "un derecho que tiene cualquier persona que se vea privada de su vivienda por una actuación urbanística, ya sea el promotor, la administración o no".

Así las cosas, desde Podemos seguirán "luchando por los derechos" de los cántabros y continuarán "defendiendo esta ley a capa y espada", pues a su juicio es una norma "audaz, novedosa, escrupulosa con la legalidad y especialmente pensada para proteger a la ciudadanía de intereses especulativos".