El juez confirma el procesamiento de seis ex altos cargos de la Junta y de Lanzas por los ERE

El exsindicalista Juan Lanzas, uno de los encarcelados por el caso de los ERE, llegando a los juzgados el pasado jueves para ser interrogado por la jueza Mercedes Alaya.
El exsindicalista Juan Lanzas, uno de los encarcelados por el caso de los ERE, llegando a los juzgados el pasado jueves para ser interrogado por la jueza Mercedes Alaya.
Raúl Caro / EFE

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, dentro del caso de los ERE fraudulentos, ha confirmado el auto de 5 de octubre donde procesó a 16 personas, entre ellas seis ex altos cargos de la Junta y el 'conseguidor' de los ERE y ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, en relación a la ayuda sociolaboral concedida a las sociedades Surcolor y Surcolor Óptica.

En un auto fechado el 23 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez rechaza los recursos presentados por dos de los imputados contra el auto donde procesó a seis ex altos cargos de la Junta, como son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, los ex directores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, y el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

Además, el magistrado procesó a Juan Lanzas, al presunto 'testaferro' de los ERE Juan Francisco Algarín, a los ex trabajadores de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, a un abogado, a dos 'intrusos' --uno de ellos concuñado de Antonio Rivas--, a los responsables de Surcolor Manuel Rafael Castilla Bustamante y Antonio Manuel Bustamante León, y a un representante sindical.

Según expone el magistrado, los recursos interpuestos "vienen a discrepar, cada uno de ellos, según el caso concreto, de los argumentos expuestos en su día" en el auto de transformación en procedimiento abreviado, ya que entienden que en sus casos no se dan elementos para dirigir el procedimiento penal contra ellos.

Presencia de 'intrusos'

En relación al recurso presentado por Albarracín, el juez señala que "es lógico" que muestre su disconformidad con una resolución "que no ha aceptado su argumentario, pero parece razonable exigir que esa discrepancia se desarrolle en el acto del juicio, no en la fase de instrucción, en la que ya se ha indicado un relato de hechos imputados al recurrente y la calificación jurídica de los mismos con suficiencia narrativa y argumentativa que no es preciso traer de nuevo a esta otra resolución, dando por reproducido lo ya expuesto".

No obstante, recuerda que se le imputa "conocer lo irregular de las pólizas que estaba constituyendo, en especial por la presencia de intrusos, a lo que se suman aspectos indiciarios tales, como los mecanismos de pago, pagos cruzados, o las sobrecomisiones abonadas en este caso".

Asimismo, y sobre el recurso presentado por el abogado investigado en esta causa, Carlos Leal, el instructor asevera que "consta su intervención en los trámites de petición de ayudas, así como la falta de procedimiento para ello, junto con su intervención activa en la dirección de estos procedimientos en unión con Lanzas".

En ambos casos, el juez argumenta que "todo ello se presenta de un modo indiciario y podrá ser objeto de debate en la fase de juicio oral, si bien en este momento debe concluirse que existe base suficiente para mantener el procedimiento contra el recurrente".

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de prevaricación, a su vez, en concurso medial con un delito de malversación, para Antonio Fernández, Agustín Barberá, Juan Lanzas y el presunto 'testaferro' Juan Francisco Algarín.

Asimismo, ha solicitado ocho años de prisión para Guerrero y para Antonio Rivas; seis años de cárcel y diez años de inhabilitación para Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y penas de entre cuatro y ocho años de cárcel para el resto de acusados, mientras que también ha reclamado que los acusados "restituyan" a la Junta la cantidad total de 984.921 euros.

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