La Justicia argentina determinó este martes el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por asociación ilícita y administración fraudulenta en una causa que investiga presuntas irregularidades en la concesión de obra pública durante su mandato.

El expediente, dirigido por el juez Julián Ercolini y por el que la ex jefa de Estado ya declaró como investigada el pasado octubre, estudia un supuesto esquema de "beneficios exclusivos" a favor del grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez -cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y actualmente detenido por otra causa por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.

Ercolini ordenó además contra Fernández un embargo de 10.000 millones de pesos (unos 664 millones de dólares) y el procesamiento de, entre otros, Lázaro Báez, del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y del exsecretario de Obras Públicas José López.

La Fiscalía ya había apuntado a un presunto delito de "administración infiel" y de negociaciones incompatibles con la función pública, al tiempo que vio indicios de que existió un supuesto plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz (cuna del kirchnerismo) que beneficiaron a Báez.

En su resolución, el juez ordenó el procesamiento de Fernández como "coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública".

El magistrado señaló que "se encuentra acreditado" que además de Fernández, De Vido, López y Báez, el exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad de Argentina, Nelson Periotti, el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner -todos procesados-, "y otras personas cuya intervención aún no se encuentra acreditada", habrían formado parte de una asociación que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015.

"Destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz", remarca el dictamen.

En el caso de la ex jefa de Estado, Ercolini señala que "habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de Gobierno y responsable política de la administración general del país".

A su salida de los tribunales cuando fue llamada a declarar, Fernández reiteró que se siente víctima de "una maniobra formidable de persecución política y de hostigamiento mediático" puesta en marcha por el actual Ejecutivo, encabezado por Mauricio Macri. En su opinión, de esa forma el actual presidente intenta "tapar el desastre económico y social que tiene la Argentina".

La exmandataria y el kirchnerismo en general rechazan esos cargos y alegan que las pérdidas se debieron a la devaluación ordenada por el Gobierno de Macri, quien asumió el cargo el pasado diciembre.

Además, en su opinión, altos funcionarios del Ejecutivo operaron con dólar futuro y obtuvieron ganancias importantes gracias a esa devaluación.

Del nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne -nombrado tras el cese del actual titular, Alfonso Prat-Gay-, criticó, entre otros asuntos, que colabora en diversos medios supuestamente antikirchneristas.

Respecto al nuevo ministro de Finanzas, Luis Caputo -hasta ahora secretario de ese área-, aseguró que "ha batido el récord de endeudamiento de la propia dictadura: 50.000 millones de dólares en 1 año". A ambos les atribuye además haber comprado futuros de dólar.

La ex presidenta argentina criticó duramente a la Justicia y al actual Gobierno y afirmó que el delito del que se le acusa lo usaron "todas las dictaduras" para perseguir a opositores.

"La asociación ilícita fue la figura penal creada por los Gobiernos de facto y utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores", remarcó la exjefa de Estado a través de las redes sociales, medio que de forma habitual usa para, entre otros asuntos, opinar sobre las causas que le afectan.

Fernández, mandataria entre 2007 y 2015, fue procesada y embargada por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta, lo que supone su primer proceso en una investigación por corrupción.

"Ercolini, con esposa vocera del ministro de Justicia macrista, en una causa que lleva más de 8 años en su juzgado ahora dice que nuestros Gobiernos constitucionales fueron asociaciones ilícitas? ¿Procesará también al 46 % y al 54 % que nos votaron en el 2007 y en el 2011?", criticó la expresidenta.

En Facebook, la exjefa de Estado, que desde hace meses reitera que es víctima de una persecución política, mediática y judicial, repasó de forma irónica varios de los polémicos asuntos que afectan al Gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, y al trabajo del Poder Judicial.

"Lo echaron al ministro de Economía, pero la economía anda muy bien. Por eso Macri está de vacaciones hasta el año que viene... En Pergamino (localidad de Buenos Aires) tapada por el agua de la inundación se ponen pecheras, pero no para ayudar sino para reprimir... En Argentina pasamos la primera Navidad con presos políticos desde el inicio de la democracia (en referencia a la diputada del Parlasur, Milagro Sala)", relató la expresidenta.

También hizo referencia a la investigación de los contratos de venta de futuros de dólar por parte del Banco Central durante el final de su mandato y por la que el juez federal Claudio Bonadio, al considerar que esas operaciones generaron millonarias pérdidas, la procesó junto a otros miembros de su Gobierno por supuesto perjuicio al Estado.

"Bonadio sobreseyó en una causa... ¡que no está en su juzgado! a los funcionarios M (Macri) que habían comprado dólares a futuro, después devaluaron y por si todo fuera poco fijaron el precio de sus propios contratos", reprochó Cristina.