El Juzgado de Instrucción número uno de Tui (Pontevedra) ha recibido este jueves declaración indagatoria en el marco de la conocida como 'Orden de los miguelianos', de otras 11 personas, todas ellas investigadas por presunto delito de asociación ilícita, algunas de las cuales se han mostrado disconformes con los hechos.

Después de que este miércoles se notificase el auto al líder de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, Miguel Rosendo, a su mujer, sus dos hijos y a otras dos personas -un varón que fue su mano derecha, y su mujer- este jueves han acudido a los juzgados los otros 11 investigados en esta causa, varios de ellos considerados también como víctimas.

La abogada de la defensa, Teresa Quintana-Drake, que además de a Miguel Rosendo y su familia, también representa a otras cuatro personas -entre ellas Marta Paz, mano derecha del líder-, ha indicado que durante este acto, que ha durado unas dos horas y media, sus patrocinados se han mostrado "absolutamente disconformes con el contenido del auto".

Así las cosas, ha recalcado que es una "absoluta incongruencia" que haya "personas catalogadas como víctimas y como autoras del delito de asociación ilícita con el señor del que son víctimas". "¿Cómo pueden entender que estás asociado con tu verdugo? Es una contradicción absoluta", ha rematado, antes de indicar que sus representados van a recurrir el auto.

Por su parte, la abogada Ana Reguera, que representa a familiares vinculados a la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, ha comentado antes de entrar a los juzgados que "hay gente que en bloque declara no estar conforme con nada del auto de procesamiento, y otra que manifiesta que hay partes que sí, porque son verdad".

Reguera también ha remarcado que todas las personas que comparecieron este jueves han pertenecido "de alguna forma" a la Orden, pero "la mayoría realmente son consideradas víctimas" porque, ha dicho, "había una clara manipulación". "Muchas actuaban bajo las órdenes expresas de Miguel Rosendo, que era quien al final dirigía todo", ha concluido.

FIANZAS

En cuanto a las fianzas impuestas por la jueza para garantizar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse, que para los imputados por asociación ilícita asciende a un total de 625.000 euros, Quintana-Drake ha dicho que ninguno de sus clientes podrá hacer frente a las mismas. "Son insolventes", ha apuntado.

En lo relativo al sacerdote Ignacio Oriol, ha dicho que "jamás dio donaciones salvo que tuviese el visto bueno" de la Iglesia y el Obispado, y en cuanto a la fianza que a él le corresponde ha comentado que la afrontará "como pueda".

La jueza también ha dispuesto la responsabilidad civil subsidiaria del Obispado de Tui-Vigo, por lo que, según ha comunicado Quintana-Drake, esta autoridad eclesiástica se ha personado y ha pedido un mes de plazo para estudiar el sumario.

En relación a ello, la abogada ha reparado en que el Obispado tendrá que pronunciarse, puesto que si es responsable civil subsidiario "es responsable". "O bien es mentira que haya delito, y sólo querían quitarse de encima a Miguel Rosendo; o bien sabía que había delito y lo ha amparado", ha resumido.

Después de estas declaraciones indagatorias, cada una de las partes podrá pedir las pruebas que considere necesario, se espera la remisión del informe de la Agencia Tributaria, y se tendrán que resolver los recursos, tras lo que se dictará el auto de conclusión de sumario y se remitirá todo el procedimiento a la Audiencia Provincial de Pontevedra.

HERMANA DEL LÍDER

La hermana de Miguel Rosendo, Francisca Rosendo, también ha acudido este jueves hasta el juzgado, acompañada de seguidores del líder, donde ha apuntado que tras las denuncias que desencadenaron esta causa hay intereses económicos y ha defendido que "Miguel no obligó a nadie a estar" dentro de la Orden. "No permito que la gente los trate de secta", ha concluido.

Miguel Rosendo ha sido procesado por 24 delitos continuados contra la integridad moral, uno de agresión sexual, 25 de abusos sexuales, y otros contra la Hacienda Pública, asociación ilícita y blanqueo de capitales. Además, han sido procesados su mujer y sus dos hijos por delitos continuados contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales; y también hay otras 13 personas procesadas por sendos delitos de asociación ilícita.