La directora general de Justicia e Interior del Ejecutivo autonómico, María Ángeles Júlvez, y el secretario general técnico del Departamento de Presidencia, José Luis Pinedo, han explicado en rueda de prensa las novedades y mejoras que experimentarán a partir del próximo año los servicios y turnos de guardia de la asistencia jurídica gratuita.

Las principales mejoras son la atención a víctimas de delitos graves y contra la libertad sexual, además de a víctimas de violencia de género, el pago mensual de las guardias, que ascenderá a 1.290.275 euros al año, o la nueva fórmula de compensar los gastos de los colegios profesionales de abogados que prestan el servicio de justicia gratuita, que se realizará por tramos.

María Ángeles Júlvez ha recordado que el gasto en justicia gratuita se basa en tres pilares: las guardias de los abogados que ofrecen el servicio, la tramitación de procedimientos, y la compensación del Gobierno de Aragón por los gastos de funcionamiento e infraestructura a los colegios de abogados.

De esta forma, se contemplan modificaciones en el reglamento de asistencia jurídica gratuita en las compensaciones económicas por las guardias; en la justificación de pagos; en las compensaciones por gastos de funcionamiento e infraestructuras; en las acreditaciones de estas compensaciones; en las justificaciones de las actuaciones de estos profesionales; en los pagos a los abogados; y en la asistencia pericial gratuita.

"IMPRESENTABLE"

Júlvez ha rememorado que en el caso de las guardias "hubo manifestaciones porque los abogados del turno de oficio cobraban con año y medio de retraso", algo que era "impresentable", ha estimado, al indicar que ahora se pagará de forma mensual y el importe total ascenderá a 1.290.275 euros.

En este ámbito, se incrementa un letrado más de guardia en Zaragoza y Teruel y dos más en Huesca y se dota a la oficina de asistencia a la víctima de un letrado asesor, una novedad dado que se podrá asistir no solo a víctimas de violencia de género, sino también a víctimas de delitos graves o contra la libertad sexual.

El coste de todo esto supondrá un aumento para los letrados de Zaragoza de 75.000 euros anuales, ha apuntado, para aclarar que también se abonarán 420 euros por semana a los abogados que realicen el turno de guardia en las cabeceras de comarca y que hasta ahora cobraban "cero euros" en caso de que en su semana de guardia no tuvieran que atender a ningún detenido.

INFRAESTRUCTURAS

En el caso de las infraestructuras, se compensarán los gastos de los colegios profesionales por el operativo de asesoramiento y orientación previos al proceso y por la gestión de los expedientes, si bien se establece un sistema de compensación por tramos.

Según este nuevo método, si el gasto en un procedimiento es de hasta 100.000 euros se compensaría en torno a un 15 por ciento; de 100.000 a 200.000 euros, un 12 por ciento; de 200.000 a 400.000 euros un 10 por ciento; y si la cifra de gasto es superior la media de subvención que recibiría el colegio profesional sería de un 9 por ciento del total.

Huesca y Teruel reciben con este sistema una cantidad similar a la actual, quedando en un 11 por ciento su compensación media, mientras que en Zaragoza se rebaja esta partida en unos 280.000 euros, con una media del 9 por ciento de compensación, que iguala lo que se concede en Comunidades como Madrid, el 8 por ciento que se subvenciona en Canarias, Cataluña, Galicia y Valencia y está muy por encima del 5 por ciento que se abona en Andalucía.

Júlvez ha defendido que "hemos situado esta partida en el tramo alto del promedio nacional" y ha sostenido que, de la misma forma que los ciudadanos tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, "es lógico que se racionalice el gasto y se sitúe en su justa medida".

El próximo viernes se publicará la orden con el nuevo catálogo de referencia de este servicio, que incrementa un promedio del 20 por ciento los procesos que se han de abonar con respecto al del año 2014, lo que supondrá un aumento de cerca de 400.000 euros.

Asimismo, se identifica y retribuye la mediación intrajudicial, la búsqueda de formas alternativas de resolución de conflictos, se pagan las actuaciones de los abogados designados judicialmente hasta la denegación de la asistencia jurídica gratuita y se abonan las acciones administrativas en el proceso civil hasta la adjudicación de una vivienda para los demandados en riesgo de exclusión social.

CONCLUSIONES

La directora general de Justicia e Interior ha manifestado, como conclusión, que aumentarán los letrados que prestan el servicio de guardia, se incrementan las compensaciones económicas por las actuaciones de los servicios de la asistencia jurídica gratuita y se adecua el pago de las compensaciones a los colegios profesionales de todo el territorio.

También se cumple con el mandato constitucional del artículo 119 de la Constitución que permite el acceso a la Justicia de los ciudadanos que carecen de recursos para poder litigar; se introducen sistemas alternativos de resolución de conflictos, y se protegen legalmente derechos sociales, como el derecho a la vivienda, ha afirmado.

Júlvez ha aclarado que estos cambios se han diseñado en cinco mesas de trabajo junto a los abogados, que "siempre han estado conformes tanto en el catálogo, como en las guardias", si bien el Colegio de Abogados de Zaragoza ha expresado su rechazo a las compensaciones por tramos, dado que supondrá "una rebaja de 280.000 euros".

El Ejecutivo aragonés debe "exigir que presten ese servicio y supervisar su prestación, pero ellos tienen la capacidad de organizarse", ha sostenido Júlvez, al reclamar que esa gestión sea eficaz y eficiente, porque "esto es una subvención" que se concede por la prestación de ese servicio y "hay que ser austeros con el gasto del dinero público", ha dicho tajante.

Respecto a la posibilidad de que el Colegio de Abogados de Zaragoza recurra los cambios de este decreto y pida su suspensión cautelar, la directora general ha observado que se suspendería en caso de que "se les conceda" en un juzgado y ha explicado que en Andalucía se recurrió y el Tribunal Supremo dio la razón a la Comunidad autónoma.

"ESFUERZO PRESUPUESTARIO"

El secretario general técnico del Departamento, José Luis Pinedo, ha subrayado el "esfuerzo presupuestario" del Departamento para el servicio de asistencia jurídica gratuita que garantiza esta prestación a las personas que, por su situación económica, no pueden acceder a otro tipo de defensa jurídica.

Pinedo ha remarcado que "en el cómputo global" el servicio de asistencia jurídica gratuita se incrementa, "aunque haya esta visión parcial del Colegio de Abogados de Zaragoza".

Júlvez ha agregado que se han agilizado y puesto al día los pagos vinculados a este servicio, por un importe total de 4,7 millones este año, y la cifra será similar para 2017, con una aportación total estimada de 4,5 millones -de los que 1,3 millones serán para guardias-, pero "dependerá del número de ciudadanos que soliciten la asistencia jurídica gratuita".