El Tribunal Constitucional (TC) ha notificado este martes a los miembros de la Mesa del Parlament que, a petición de la Abogacía del Estado, ha empezado a investigar si la la resolución sobre un referéndum unilateral de independencia aprobada en octubre por el Parlament contradice sus sentencias.

Poco después de las doce del mediodía, funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han llegado a la sede de la cámara catalana para informar a los siete miembros de la Mesa que el alto tribunal ha iniciado un "incidente de ejecución" para analizar si la resolución del referéndum vulnera sus disposiciones.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, junto al vicepresidente primero, Lluís Corominas (Junts pel Sí), el vicepresidente segundo, José María Espejo-Saavedra (Ciudadanos), y los cuatro secretarios de la Mesa, Anna Simó (Junts pel Sí), David Pérez (PSC), Joan Josep Nuet (Catalunya Sí Que Es Pot) y Ramona Barrufet (Junts pel Sí), han recibido las notificaciones de mano de los emisarios del TSJC en la Sala 9 del Parlament.

Tras recibir la notificación, los miembros de la Mesa disponen de 20 días para presentar sus alegaciones al respecto de lo sucedido.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha advertido de que no piensa hacer de "censora" ni frenar resoluciones parlamentarias de signo independentista, a pesar de las "intimidaciones" del Estado.

Tras recibir los siete miembros de la Mesa del Parlament, de manos de funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la notificación y apercibimiento del Tribunal Constitucional (TC) por la aprobación en octubre de una resolución de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP sobre un referéndum unilateral, Forcadell ha denunciado la "obsesión" del Gobierno central con este asunto.

El Gobierno de Mariano Rajoy, que a través del Abogado del Estado presentó un "incidente de ejecución" ante el TC para denunciar que esa y otras resoluciones independentistas contradicen las sentencias del alto tribunal, pretende según Forcadell "coartar la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados".

"Pese a los requerimientos y las intimidaciones, los miembros de la Mesa cumpliremos escrupulosamente con nuestro deber de garantizar el debate parlamentario. Nuestra función es favorecer el debate, no coartarlo", ha zanjado.