En concreto, proponen instar al Gobierno del Estado a que derogue "de manera inmediata" el Real Decreto 310/2016 por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y también pedirán al Ministerio de Educación, que convoque con carácter urgente la Conferencia Sectorial de Educación para tratar la derogación de dicho Real Decreto, como así le han trasladado la gran mayoría de los consejeros de Educación autonómicos.

Por otro lado, propondrán instar a la Junta "a que se sume a la reivindicación del resto de consejeros autonómicos que abogan por un gran acuerdo de las Comunidades Autónomas, rechazando la propuesta de Real Decreto del Gobierno y pidiendo la derogación inmediata del mismo" y también a la Consejería de Educación de la Comunidad y al Ministerio de Educación a revertir los recortes en educación y equiparar la inversión en educación pública a la media de la UE del 6,2 por ciento del PIB en esta legislatura.

De igual modo, pedirán a todos los partidos firmantes del acuerdo de derogación de la Lomce a que lo lleven a cabo de forma inmediata cumpliendo su compromiso y dar traslado de la moción al Gobierno central, de la Comunidad Autónoma, a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, así como a la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, sindicatos de enseñanza y asociaciones de madres y padres de los centros escolares de la provincia.

En la moción, IU-Para la Gente recuerda que el pasado 29 de julio de 2016, el Gobierno en funciones aprobó en consejo de ministros el Real Decreto 310/2016 por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, pruebas comúnmente conocidas como reválidas, y previstas en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.

Dichas pruebas, cuya puesta en marcha estaría programada para este curso 2016/2017, y que afectarían a alrededor de 335.991 alumnos de ESO y otros 229.332 de Bachillerato, según datos del propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, obliga a los alumnos a tener que someterse a un examen antes de poder obtener el correspondiente título académico, aunque hubiese aprobado todas las asignaturas.

Asimismo, el alumnado de cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato que suspenda la prueba, habiendo superado la ESO o Bachillerato, "se verán expulsados del sistema educativo", dejando sin validez alguna los años cursados durante cada etapa o, en el caso de la ESO, abocados a retroceder en el sistema yendo a la Formación Profesional Básica (FPB) que ofrece un bajo nivel formativo y la cualificación profesional más baja que existe en España.

Este modelo de evaluaciones estandarizadas, según IU, "se han convertido en el objetivo fundamental de reformas neoliberales que, como la Lomce, supuestamente, tratan de elevar los resultados educativos con un control burocrático sobre las prácticas escolares y la profesión docente". Pero, han añadido, que "está sobradamente demostrado que este tipo de pruebas estandarizadas solo sirven para fomentar un aprendizaje fundamentalmente memorístico y descontextualizado".

IU-Para la Gente ha lamentado que "las reválidas, por sí mismas, no mejoran ni cambian nada", precisando que "la experiencia de EEUU, que abusa de este tipo de pruebas externas, indica que los resultados han sido un desastre y ha reforzado la mediocridad del sistema".

"Está claro que las reválidas no están al servicio de la mejora de la educación, sino que su finalidad es seleccionar, y tienen efectos negativos sustancialmente perjudiciales", han criticado, señalando, entre otros, "la presión sobre los niños para que tengan resultados acomodados a las pruebas" o el "el estrés del control continuo y permanente, como si solo se pudiera aprender mediante la presión y el miedo al examen, olvidando la curiosidad y la motivación por conocer".

En definitiva, han asegurado, "estas pruebas de evaluación final o reválidas, junto con otras recientemente adoptadas como la de seis de Primaria y las evaluaciones externas ya implantadas, sólo sirven para estigmatizar al alumnado, profesorado y centros, generando un mercado, según la concepción neoliberal y en sintonía con el carácter fundamental de la Lomce, de elección de aquellos centros que ocupan lugares más destacados en detrimento del resto, incrementando las desigualdades estructurales, muy lejos del carácter compensador que debe tener el sistema educativo en pro de la equidad y la cohesión social".

Frente a este "modelo educativo neoliberal basado en el control, la presión y el miedo al examen", desde IU han abogado por otro "basado en enfocar la educación como un proceso de descubrimiento apasionante que estimule la creatividad y el desarrollo integral de los jóvenes y apoyar la lucha de los representantes de todos los sectores de la comunidad educativa contra los brutales recortes presupuestarios educativos".

"Ahora más que nunca debemos defender un modelo de educación pública inclusiva, igualitaria, laica, de calidad, gratuita y democrática, único garante real del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad", han señalado.