La pelea política que se libra en el Tribunal Constitucional sigue avanzando. La disputa entre magistrados conservadores y progresistas ha cerrado un capítulo más después de que el Alto Tribunal haya decidido aceptar las abstenciones de María Emilia Casas, presidenta de la institución, y su vicepresidente, Guillermo Jiménez.

Ambos magistrados decidieron no votar el recurso presentado por el Partido Popular con respecto a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal, reforma en la cual se incluía la prolongación del mandato de Casas y Jiménez hasta el próximo mes de enero en contra de la voluntad del partido de la oposición.

Los dos bloques han empatado en la votación, por lo que la decisión se ha tenido que tomar gracias al voto de calidad del magistrado más mayor entre los presentes, una vez excluído el voto de la presidenta Casas.

Las consecuencias de la decisión

Con esta decisión se abre la puerta a que se declare inconstitucional la prorrogación de su mandato, lo que trastocaría los planes del Gobierno de cara al final de la legislatura y dejaría en manos de la mayoría conservadora del TC la aprobación o suspensión de varios proyectos. Quizá ese fuera el origen del enfado de la vicepresidenta con la presidenta del Constitucional.

Desde el comienzo de la Legislatura PSOE y PP están tomando posiciones para romper a su favor el frágil equilibrio de fuerzas en el Tribunal Constitucional, ya que en su mano está que se echen por tierra iniciativas fundamentales del Ejecutivo, como el Estatut de Cataluña o la Ley que permite el matrimonio homosexual.

Los orígenes del enfrentamiento

Esta escalada de tensión comenzó con la recusación, por parte del Partido Popular, del magistrado Pérez Tremps, lo que dejó en minoría al sector progresista de cara a la tramitación del Estatut. Poco después, el PP intentó recusar también a la presidenta del Tribunal por un informe favorable a dicho Estatut llevado a cabo por su marido, aunque la institución rechazó tal medida por unanimidad.

El penúltimo paso en toda esta escalada vino cuando se modificó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con la consecuente protesta del PP, permitiendo a Casas y al vicepresidente de la institución prorrogar su mandato hasta el próximo mes de enero, medida recurrida por el PP y en cuya votación ambos implicados decidieron abstenerse.

No obstante, la historia aún no tiene punto y final. Según el diario El País, el Gobierno podría estar preparando la recusación de dos magistrados conservadores, Jorge Rodríguez Zapata y Roberto García Calvo, por escribir una carta a la presidenta Casas posicionándose a favor de la medida del PP.