El director general de Lamia
Imagen de la detención del director general de Lamia, por la tragedia del Chapecoense. EFE

La jueza boliviana Albania Caballero decretó este jueves prisión provisional para el director general de la aerolínea Lamia, Gustavo Vargas Gamboa, por el accidente que causó la muerte de 71 personas después de que un avión de la compañía se estrellara en Colombia.

Vargas se enfrenta a cargos por supuestos delitos de homicidio culposo, lesiones gravísimas, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y desastre en medios de transporte, informó un comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado.

Lamia operó el vuelo que se estrelló el 28 de noviembre cerca de Medellín (Colombia), dejando 71 muertos, entre ellos los jugadores del club brasileño Chapecoense. El acusado será enviado a la prisión de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz (este), donde tuvo lugar la vista cautelar y desde donde despegó el avión que llevaba a los jugadores, junta directiva y cuerpo técnico del club de fútbol brasileño Chapecoense, además de a varios periodistas deportivos.

Peligro de fuga

El Juzgado tomó esta decisión basándose en riesgos procesales como el peligro de fuga y el de obstaculización de la investigación por su conocimiento de otras personas implicadas en los sucesos.

El avión de la aerolínea boliviana, que trasladaba al club brasileño Chapecoense a Medellín, se estrelló el pasado 28 de noviembre a pocos kilómetros de la pista del aeropuerto de esa ciudad colombiana, donde el equipo debía disputar la final de la Copa Sudamericana contra el colombiano Atlético Nacional.

Las primeras investigaciones en Bolivia apuntan a negligencias graves en el plan de vuelo, especialmente falta de combustible para afrontar un eventual alargamiento del trayecto.

Irregularidades en los permisos

Asimismo, la Fiscalía investiga supuestas irregularidades en la concesión de permisos de funcionamiento a Lamia, que operaba exclusivamente vuelos chárter. El Ministerio Público también confiscó dos aviones de Lamia que estaban desde 2014 en un hangar militar en el centro del país.

Al margen de las investigaciones por el accidente, la Fiscalía también realiza pesquisas sobre las autorizaciones de funcionamiento de Lamia, dentro de las cuales este jueves fueron allanadas las oficinas de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

También fue detenido esta mañana el exdirector de Registro Aeronáutico Nacional de la DGAC, Gustavo Vargas Villegas, hijo del director de Lamia. Vargas Villegas es investigado por los delitos de "uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de deberes", dijo Guerrero.

La controladora denuncia que fue "hostigada"

Mientras, la técnica aeronáutica boliviana Celia Castedo, que ha pedido refugio en Brasil, dijo este jueves que fue objeto de presiones de la entidad de administración aeroportuaria donde trabajaba para cambiar el contenido del informe con observaciones al plan de vuelo de la aerolínea Lamia, que se estrelló en Colombia.

En una carta publicada en la web del diario boliviano El Deber, sostuvo que después del accidente de la aeronave fue "sometida a hostigamiento y presiones" por parte de sus superiores.

El 29 de noviembre, tras el accidente ocurrido la noche anterior cerca de Medellín, "es cuando se inicia todo, ordenándome modificar el contenido del informe que horas antes mi persona había presentado por vía interna, en el que se detallaba las 5 observaciones que realicé al plan de vuelo de la línea Lamia", señaló Castedo.

En la carta, la técnica, que ingresó en Brasil alegando que no confía en la Justicia de Bolivia, especificó que las competencias para autorizar vuelos no son ni de ella, ni de la institución en la que trabajaba, sino de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Asimismo, dijo que el hecho de que haya constancia de que recibió el plan de vuelo no significa que lo aprobase.

Castedo presentó cinco observaciones al plan de vuelo y las reportó en tres ocasiones a la compañía aeronáutica, la primera dos horas antes del despegue y la última veinte minutos antes.

Reiteró que llamó la atención sobre la autonomía de vuelo de la aeronave, que se estrelló antes de llegar a Medellín supuestamente por falta de combustible, según las primeras investigaciones.

En su texto, Castedo específica que avisó a la compañía aérea de los problemas del plan de vuelo porque ellos eran los responsables de corregirlas, pero no queda claro si alertó en ese momento de los problemas detectados a sus superiores de AASANA antes de que el vuelo despegase.

El Gobierno ha señalado que Castedo presentó el informe con observaciones después del accidente e insistió en que su obligación era informar de sus objeciones y rechazar el plan de vuelo.

AASANA suspendió a su empleada el 30 de noviembre y la denunció ante la Fiscalía de Santa Cruz (este), desde donde despegó el avión, el viernes 2 de diciembre por no avisar a sus superiores de las cinco observaciones que realizó al vuelo, entre ellas la constatación de que la autonomía de vuelo era igual al trayecto.