En una rueda de prensa, acompañada por el gerente de Vimcorsa, Rafael Ibáñez Reche, la edil ha detallado que se insta a los poderes públicos, en especial al Gobierno central, a que adopte las medidas políticas, legales y económicas necesarias para incorporar el derecho a la vivienda en los pilares esenciales del denominado estado del bienestar.

Así, piden que se fije un calendario en el que, "progresivamente", se garantice el acceso a una vivienda asequible a la disponibilidad económica de personas y familias, que culmine con la garantía universal de derecho a la vivienda en el año 2030.

Igualmente, se insta a conformar "con urgencia" un marco legal que defina de forma global la vivienda vacía y ponga a disposición de los municipios distintas herramientas, tanto para su detección, como para definir su política específica en esta materia.

En este sentido, señalan que "al ser diversas las causas -cascos históricos en los que se acumulan viviendas inhabitables, bolsa de vivienda acumulada por entidades financieras o fondos, viviendas de pequeños propietarios que por inseguridad no destinan al alquiler o viviendas inacabadas-, diversas han de ser las soluciones" que puedan adoptar los municipios, entre otros planteamientos.

Al respecto, la concejal ha comentado que "lo fundamental es constituir una red de municipios, comunidades autónomas, instituciones y entidades para trabajar en conjunto las medidas necesarias", con el fin de que "la declaración sea una realidad", al tiempo que ha señalado que aún elaboran el censo de viviendas vacías de la capital, que "no es fácil, sobre todo si se ponen obstáculos para ello".

No obstante, ha asegurado que el trabajo a tal efecto "sigue a buen ritmo" y espera que "en breve esté culminada la labor", a la vez que ha defendido que el gobierno local no renuncia al gravamen del IBI sobre las viviendas vacías, que "es una posibilidad que introdujo el Gobierno del PP con José María Aznar", y que confía en poder aplicar en las ordenanzas fiscales del año 2018.