y que impliquen la obligación del Ministerio Público de actuar en defensa de los derechos que puedan ser vulnerados.

Así lo recoge el acuerdo de coordinación institucional que han firmado este viernes el conseller de Educación y Universidad, Martí March, y el fiscal delegado de Menores de Baleares, José Díaz Cappa, con el que se pretende garantizar la protección de los derechos de los menores.

Las funciones encomendadas a la Fiscalía van más allá de los aspectos puramente penales, y alcanzan más supuestos, a menudo relacionados con aspectos civiles y administrativos, vinculados a la protección de los derechos de los menores, fundamentales o no, que implican el fiscal y lo obligan a ser su máximo valedor. Por eso, es imprescindible poner en su conocimiento todas las situaciones que pueden requerir su intervención, la mayor parte de las cuales se produce, se manifiesta o se conoce en estos centros.

Con el objetivo de hacer efectiva esta obligación legal, la Conselleria de Educación y Universidad hará llegar a todos los centros educativos de Baleares una relación de supuestos que afectan los menores escolarizados que los centros tienen que comunicar a la Fiscalía.