"En plena eclosión del caso de los cursos de formación, se abrió causa contra Sánchez y fue tal la presión que no hubo otra salida que la dimisión", ha recordado Ortiz, quien ha lamentado "las duras críticas de IU y otras formaciones, entonces en la oposición, que no respetaron la presunción de inocencia y mostraron una total beligerancia contra el concejal, como si ellos no tuvieran imputados entre sus filas".

"La familia ha sufrido muchísimo, ha sido una larga agonía durante casi dos años ante una injusticia que les ha dañado política, social y empresarialmente, y ahora cabe preguntarse cómo se resarce todo este daño", ha planteado Ortiz, a través de un comunicado.

En este sentido, ha señalado que "si el dirigente de IU Pedro Fernández Ibar tuviera un mínimo de dignidad política, lo primero que debería hacer es pedir perdón a Sánchez por el ensañamiento tan brutal que tuvo con el exconcejal a través de las redes sociales". "No todo vale en política, y si al final se ha demostrado la absoluta inocencia de Sánchez, lo que corresponde es rectificar y pedir disculpas", ha apuntado.

Ante este tipo de circunstancias, Ortiz ha pedido "altura de miras y responsabilidad" a todas las formaciones políticas "para que nosotros seamos los primeros que respetemos la presunción de inocencia y calibremos nuestras críticas en función de qué casos y qué tipo de cuestiones se estén investigando".

Asimismo, el dirigente 'popular' ha recordado el revuelo mediático que generó la investigación, "comprensible en aquel momento al considerarse que estábamos ante una nueva trama de corrupción del PSOE en Andalucía con la particularidad de algún investigado del PP; pero ahora cabría esperar también una buena repercusión por el archivo de la causa. Sería una forma de resarcir su honor y su imagen".

Por último, Ortiz ha subrayado que "la corrupción es una lacra que debemos hacer desaparecer al cien por cien, pero sin olvidar que hay que ser justos y equilibrados, porque hay millones de personas trabajadoras y honradas que, como en el caso de Sánchez, por haber querido dedicarse al servicio público a través de la política, han salido realmente perjudicados".

La investigación sobre Manuel Sánchez se refería a una subvención concedida con cargo al programa presupuestario 32D, con compromiso de contratación, de la convocatoria del 4 de noviembre de 2010 -fecha en la que no ostentaba cargo público alguno-. El curso era de ayudante de cocina.

Sánchez fue a declarar en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital, que se encarga del caso, y defendió que se cumplió con el compromiso de contratación que requería la concesión del curso y presentó de nuevo la resolución de la Junta de Andalucía con fecha de enero de 2015, en la que se acordó la devolución de lo que quedaba pendiente de pago.