Este documento, unido a la auditoría económico financiera que sacaba a la luz parte de la deuda que el PP había ocultado durante ese periodo y que ascendía a 197 millones de euros a junio de 2015, ha centrado un debate en el que la portavoz del Gobierno, Maribel Tocón, ha anunciado que los servicios jurídicos ya se encuentran valorando las dos auditorías de manera conjunta para exigir las responsabilidades legales o políticas que se pudieran derivar de la actuación de los anteriores munícipes.

Asimismo, dicha valoración será llevada a pleno, organismo al que le corresponderá decidir la posición del Consistorio ante las irregularidades, según han informado.

Durante las intervenciones todos los grupos políticos con representación en el pleno han exigido al Partido Popular que asuma y explique los resultados de estos dos textos "que no pueden entenderse el uno sin el otro, ya que la auditoría de cuentas desvela una trama contable, que se convirtió en el aliado suficiente y necesario que permitió al PP gobernar despreciando la legalidad como demuestra la auditoría de cumplimiento", ha manifestado la primer teniente de alcalde.

En ese sentido, ha incidido en que estas auditorías demuestran que no se trata de un "conjunto de errores administrativos sin conexión, sino de un modus operandi perfectamente orquestado y controlado por Pedro Fernández Montes que antepuso los intereses políticos del PP por encima de los intereses de los ciudadanos de Torremolinos".

Al respecto, la actual portavoz del Partido Popular, Margarita del Cid, ha evitado dar explicaciones en el pleno sobre la auditoría, aunque ha insistido "en la necesidad de revisar las alegaciones presentadas por el área de contratación".

En esa línea, la portavoz de Ciudadanos, Ángeles Vergara, ha reprochado al PP "que deje a un lado las cortinas de humo y asuma sus responsabilidades", ya que, según ha expresado, el gobierno popular "no ha sido un modelo de gestión y contratación, donde ha existido una falta de control que lastrará este Ayuntamiento durante los próximos años y que deja un Torremolinos con 197 millones de problemas".

Por su parte, el portavoz de Costa del Sol Sí Puede, José Manuel Piña, ha reiterado su petición de exigir responsabilidades políticas y jurídicas al Partido Popular y ha apremiado al equipo de gobierno a que el Área Jurídica valore lo antes posible las auditorías.

Por último, David Tejeiro, de Izquierda Unida, ha apelado a un gobierno de coalición de PSOE, C's, CSSP e IU por el "bien común" de Torremolinos, espetando a la portavoz popular que las auditorías reflejan "el oscurantismo, las mentiras, la red clientelar y en definitiva pésima gestión del Partido Popular". Una postura que ha compartido, asimismo, el concejal no adscrito, Juan Machio, quien ha defendido que "la auditoría es contundente, por lo que igual de contundentes deben ser las consecuencias políticas".

Tocón ha cerrado el turno de intervenciones asegurando que "si hace un mes hablábamos de una contabilidad maquillada para esconder la verdadera situación económica de nuestro municipio que permitiera al equipo de gobierno sortear los controles del Ministerio de Hacienda, hoy podemos además enumerar decenas de presuntas irregularidades en cuanto a la legalidad en las contrataciones públicas".

Esta auditoría desvela, según han informado, que no fueron correctos los procedimientos de contratación de seguros, de las prórrogas de la ayuda a domicilio, de la remodelación de la pista de atletismo, de la adjudicación de los contratos para la ópera y que se dieron ayudas directas para la rehabilitación de edificios en plena campaña electoral sin estar previstas en los presupuestos.

Asimismo, han expresado, recoge que el Ayuntamiento compraba entradas para los toros por el mismo importe del canon que cobraba a la concesionaria de la plaza. Respecto a las contrataciones "a dedo", Tocón se ha dirigido a Del Cid para preguntarle "¿cómo califica usted que a un proveedor de suministros eléctricos se le compre material por importe de 1.354.000 euros en cuatro años sin contrato ni licitación?".

"20 años no son nada según el tango, pero 20 años en Torremolinos han sido lo que ha necesitado el PP para generar una deuda de 197 millones de euros, 3.000 euros por habitante", ha destacado la primer teniente de alcalde, acusando a la actual portavoz del PP de consentir y participar "de presuntas ilegalidades pero manifiestas inmoralidades", por lo que "no tiene legitimidad alguna para dar lecciones de ética, por lo que debería pedir perdón a los torremolinenses por el daño que han causado a esta ciudad".

TORREMOLINOS, ZONA CERO VIH

Por otro lado, durante la sesión plenaria de este jueves se han aprobado por unanimidad dos mociones institucionales que parten de la Concejalía de Empoderamiento Social. La primera se ha centrado en la adhesión de Torremolinos a la Declaración de París por la que el Consistorio se compromete a trabajar en la creación de una mesa de trabajo sectorial para la ejecución de un Plan Estratégico para erradicar el sida.

De esta forma, Torremolinos se convierte, según han informado, en el quinto ayuntamiento por detrás de Sevilla, Madrid, Barcelona y Valencia en formar parte de este acuerdo fundado hace dos años, que pretende comprometer a las ciudades en la lucha contra el VIH/sida. El proyecto, promovido por la Asociación Apoyo Positivo, tiene como objetivo último declarar el municipio Zona Cero de Infecciones de la enfermedad en 2030.

La segunda iniciativa institucional se ha aprobado con el voto de todos los partidos presentes en el Ayuntamiento, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres que se celebra este viernes 25 de noviembre. La moción reconoce que la violencia contra las mujeres constituye "un grave problema social que afecta a la ciudadanía en su totalidad".

"Somos responsables de promover cambios en esta sociedad para conseguir otra más equitativa y justa, donde las mujeres no tengan que sufrir la crueldad de la violencia por el simple hecho de haber nacido mujeres", ha asegurado el alcalde de Torremolinos, José Ortiz.

Bajo este prisma, todos los grupos políticos han refrendado abrir un frente común contra la violencia machista y activar un decálogo de medidas desde la institución municipal para poner coto a esta "violación de los derechos humanos, del derecho a la vida, a la libertad, a la salud, a la seguridad", ha expresado.

Además, el concejal de Servicios Operativos, Jesús Díaz, ha defendido una moción para la regularización y adaptación a ley de las empresas municipales para dar cumplimiento a la normativa aplicable en vigor desde 2012.

De esta manera, se clasifican las empresas y organismos públicos en base a la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local según su cifra de negocio, número de trabajadores y necesidad o no de financiación pública. Asimismo, se determina el número máximo de miembros del consejo de administración y se determina la estructura organizativa, de forma que se fija, por ejemplo, la retribución de los directivos.

Por último, durante este pleno se ha aprobado, además, la asignación de una calle en homenaje a 'Víctimas del Terrorismo' y una rotonda a Indira Gandhi.