«A través de algunas grietas, se puede ver lo que hay fuera», comenta Rafaela Torres, la madre de una de las seis familias de Zalea (Pizarra) que fueron agraciadas con una VPO y llevan 18 meses sin poder ocuparla por los daños que sufren las estructuras.

A Miguel Cerón y Rafaela Torres, que tienen tres hijos, la Junta les entregó las llaves de su casa en abril de 2006. Cuando entraron por la puerta se dieron cuenta de que todas las paredes, menos la que comunica con la vivienda contigua, tenían grandes surcos. Es más, el arquitecto enviado por la administración autonómica tras las protestas de los propietarios reconoció daños graves: «Incompatibilidad de deformaciones entre la estructura y los cerramientos y el tabique que sustenta, deficiente cimentación, forjados mal formados», etc.

Desde ese mes de abril, las seis familias se han movilizado todo lo posible para que les arreglen el problema, pero en estos 18 meses no se les ha ofrecido ninguna solución. Aun así, el túnel parece terminar en luz porque de la última reunión entre el Ayuntamiento y la Junta han arrancado un compromiso: entre seis y ocho meses para terminar las obras. El proyecto de reforma está en el «trámite anterior» a la licitación, afirman desde el Gobierno andaluz. Para entonces, ya habrán pasado dos años de calvario.

Ayuda de 400 que se queda corta

En compensación por no poder ocupar sus viviendas, la Junta de Andalucía da a cada familia 400 euros mensuales desde el mes de mayo de 2006. Eso sí, Rafaela Torres afirma que el dinero no sufraga todos los gastos, porque desde hace 18 meses están pagando la hipoteca de la VPO (de régimen especial, más de 200 euros) y, además, el alquiler de la vivienda, donde residen cinco personas.