Los ocho diputados del PSOE que, junto a los siete  del PSC, rompieron la disciplina de grupo en la investidura de Mariano Rajoy consideran que su voto "en conciencia" ese día era un "derecho innegable" que tenían en virtud de su reglamento interno, y que les asiste la Constitución. Así lo han manifestado en las alegaciones que han presentado al expediente sancionador que se ha iniciado contra ellos.

Los ocho díscolos —Susana Sumelzo, Margarita Robles, Zaida Cantera, Odón Elorza, Rocío de Frutos, Luz Martínez Seijo, Pere Joan Pons y Sofía Hernanz— han enviado este lunes el mismo escrito de alegaciones al presidente del Comité de Disciplina, Luis Carlos Sauquillo. En él sitúan su voto en conciencia en un "marco de excepción" y aluden al artículo 67.2 de la Constitución Española, que recoge expresamente que "no hay un mandato imperativo para ningún diputado".

Los otros siete diputados del PSC que también se saltaron la disciplina de voto y rechazaron la investidura de Rajoy presentaron ya sus propias alegaciones, en las que aseguran que decidieron no abstenerse para cumplir el mandato del Consell Nacional de su partido.

"Mi voto fue un ejercicio de responsabilidad y coherencia que me llevó a rechazar el incumplimiento de un compromiso de especial relevancia política que manifestamos ante los electores, como era el de no posibilitar un gobierno de Rajoy, así como para salvaguardar la credibilidad del proyecto de cambio del PSOE para el futuro", afirman los díscolos en su escrito de alegaciones.

A su juicio,  el mandato imperativo y la disciplina de voto en favor de la abstención "no resolvían la complejidad" de una votación "trascendental para la vida de un proyecto político centenario" y que ha puesto "en juego su crédito y la confianza de la ciudadanía".  Y recalcan que el voto en conciencia al que ellos apelan "ha reforzado la democracia representativa y puesto en valor el pluralismo de posiciones existente en el PSOE y entre sus votantes ante la investidura de Rajoy".

En concreto, subrayan que tuvieron en cuenta "la opinión expresada por la militancia en innumerables agrupaciones socialistas de toda España, con incontables asambleas y reuniones que, en su gran mayoría, sirvieron para mostrar el rechazo de los militantes al voto de abstención en la investidura". De esta manera, insisten en que su voto fue "representativo del pluralismo de opiniones" en el PSOE y entre el electorado y agregan que no ha tenido otros efectos: consideran que no ha causado "ningún daño al PSOE, ni significado ningún sacrificio de su proyecto, ni un ataque a su programa y valores, ni ha impedido la gobernabilidad de España, puesto que sólo se precisaban once de los 84 votos con que cuenta el Grupo Socialista".

Además de las razones de conciencia y el respeto a lo comprometido, sostienen estos diputados que en su voto tuvieron también en cuenta "una concepción ética de la política", en una España que "atraviesa una etapa plagada de incumplimientos de promesas electorales y de casos de corrupción".

Las sanciones que planea imponer el grupo parlamentario socialista podrían llegar a una multa de hasta 600 euros para cada uno. Los díscolos advierten además de que, si la dirección del grupo va más allá de una mera sanción económica y acomete una "purga" para apartarles de los cargos y las portavocías que ocupan, ello sólo contribuirá a ahondar aún más la división que sufre el partido. Y es que una vez superado el debate de investidura, la gestora y la dirección del grupo socialista prevén hacer algunos ajustes en el organigrama.

Se da por hecho que Antonio Hernando seguirá como portavoz después de abandonar la tesis del "no es no", que predicó junto a Pedro Sánchez y pasar a defender la abstención. Entre los diputados que votaron en contra, algunos son portavoces de comisiones, como los catalanes Manuel Cruz (Educación) y Mercé Perez (Pacto de Toledo) y otras adjuntas, como Rocío de Frutos (Empleo) y la independiente Zaida Cantera (Defensa).

Ahora, una vez presentadas las alegaciones, el responsable de disciplina, Luis Carlos Sahuquillo, elevará su informe a la dirección del grupo parlamentario. El Comité Director trasladará a su vez su dictamen al Comité Permanente -donde están también los portavoces de las comisiones-, que decidirá en última instancia las posibles sanciones y si remite el expediente a la gestora del PSOE para que pueda tomar sus propias medidas disciplinarias. Los críticos con la gestora, no obstante, creen que este órgano provisional "no tiene capacidad para tomar este tipo de decisiones" y creen que sería "extralimitarse en sus funciones, que no son otras que conducir el partido a un Congreso extraordinario".