Castilla y León incluirá en el capítulo de derechos subjetivos las ayudas para evitar los desahucios y la prestación urgente de alimentos, consideración de la que ya gozaban la Renta Garantizada de Ciudadanía y las ayudas de emergencia social, merced al proyecto de ley que pretenden impulsar la Consejería de Familia e Igualdad de oportunidades y los agentes económicos y sociales.

Ese es uno de los objetivos que se han marcado la titular de Familia, Alicia García, y responsables de UGT y CCOO y de la patronal Cecale, quienes, en el marco del Diálogo Social, han dado hoy un nuevo paso en la consolidación y mejora de los Servicios Sociales mediante la creación de dos mesas de trabajo en materia de protección a las personas y en atención a la dependencia.

La primera de estas mesas, "en la lucha contra la pobreza y la exclusión social", se ocupará de continuar con la mejora y consolidación de la Red de Protección a las Personas y a las Familias, a través de la elaboración de una propuesta de Proyecto de Ley, previsto para finales de año, que dote a la misma de un carácter permanente y estable para que sus servicios, prestaciones y forma de trabajar en la lucha contra la pobreza y la exclusión social se mantengan de forma indefinida y al margen de la coyuntura económica de cada momento.

Otro de los objetivos en esta materia es el de extender el carácter de derecho subjetivo a las principales prestaciones de la Red, como el servicio de apoyo a personas y familias en riesgo de desahucio y la prestación urgente de alimentos", consideración ya contemplada para la Renta Garantizada de Ciudadanía y la prestación urgente de alimentos, ha explicado García.

Será un trabajo que se realizará conjuntamente con las entidades del tercer sector y las entidades locales, ha matizado la consejera.

AYUDAS AL COPAGO FARMACÉUTICO

Esta mesa también valorará la ayuda en el copago farmacéutico a aquellas personas más vulnerables, una de las principales reivindicaciones de los sindicatos, si bien tanto el máximo responsable de CCOO en Castilla y León, Ángel Hernández, como el vicesecretario regional de UGT, Evelio Angulo, se han mostrado cautos a la hora de hablar de cifras para evitar generar falsas expectativas".

La segunda de las mesas se centra en la atención a la dependencia, con la preparación de una propuesta de regulación de los criterios de acreditación para las entidades que prestan el servicio de ayuda a domicilio en pro de una mayor calidad y también realizando un seguimiento de la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla y León.

García ha recordado que el Servicio Ayuda a domicilio atendió durante 2015 a 25.428 castellanos y leoneses, un 2,55% más que en 2014, y para ello contó con casi 5.000 profesionales. En este sentido, y para reforzar esta prestación, el Acuerdo Marco 2015-2016 incrementó en 8,4 millones de euros la línea de ayuda a domicilio.

La mesa creada se encargará también de realizar un seguimiento de la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla y León. Para facilitar este seguimiento y avanzar en la necesaria transparencia, la Junta va a publicar periódicamente en la web los datos estadísticos mensuales del sistema de atención a la dependencia correspondientes a Castilla y León.

Se trata de un sistema que en la actualidad atiende a 84.566 personas dependientes con 107.247 prestaciones y que apuesta por la profesionalización y el empleo, lo que permite que Castilla y León encabece en España la creación empleo vinculado a dependencia, con 9,29 empleos por cada 1.000 habitantes, y la existencia de casi 23.000 puestos de trabajo, más de cinco puntos por encima media nacional.

Castilla y León es la única Comunidad Autónoma que ha implantado al 100 % el Sistema de la Dependencia, atendiendo a todas las personas dependientes una vez que ha incorporado a todos los dependientes del Grado I, gracias al esfuerzo para incorporar a 21.176 personas al sistema de Grado I en el último año.

En la reunión también se ha informado a esta mesa de trabajo de la intención de la Junta de actualizar el acuerdo de adaptación de las plazas de no dependientes en plazas para personas dependientes en los centros residenciales dependientes de la gerencia de Servicios Sociales.

Para ello se cuenta con la reciente aprobación por la Junta de Castilla y León del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, dotado con 728 millones de euros hasta 2020, a concretar en cada ejercicio presupuestario, y que destinará 37 millones de euros a servicios sociales.