El acuerdo propone el despliegue de un conjunto de medidas para impulsar estos objetivos, tanto en lo que se refiere al propio funcionamiento de la Administración de la Comunidad como en el enfoque de las diferentes políticas públicas.

Entre las medidas relativas al funcionamiento de la Administración destacan, por ejemplo, la implantación de sistemas de gestión ambiental en al menos 40 edificios administrativos, la aplicación de criterios de compra verde/compra sostenible, la consecución en los edificios de la Administración de un 20 por ciento de ahorro energético o un 20 por ciento de abastecimiento de energía renovable en cuatro años.

A estas se suman la elaboración de planes de movilidad o la formación de los empleados públicos en prácticas de sostenibilidad y ahorro de recursos y energía.

Entre las medidas relativas a la mejora de la sostenibilidad de las políticas públicas, el acuerdo compromete a revisar las ayudas y subvenciones públicas para reforzar su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible y cambio climático y a apoyar la capacitación laboral para favorecer la adaptación de trabajadores y empresarios hacia una economía baja en carbono/economía circular.

Asimismo, se contempla el fortalecimiento de la actividad investigadora y de innovación en estos ámbitos y el desarrollo de redes de calefacción alimentadas mediante biomasa.

El balance de las Estrategias de Desarrollo Sostenible y de Cambio Climático ha mostrado en general "unos resultados positivos" que se han materializado en ahorros "significativos" en el consumo de energía, en la mejora de la administración electrónica, en la gestión de residuos orientada al reciclaje o en la incorporación de criterios ambientales en las licitaciones públicas.