Han recordado que entre las competencias repartidas entre la Junta y los ayuntamientos "una de las principales es el tratamiento de aguas residuales", lo que implica que esas aguas no contaminen los ríos y las playas donde desembocan dañando todo el ecosistema, pero han advertido de que "ese tratamiento requiere inversiones en construcción de depuradoras, de colectores, de saneamiento, así como su conservación y correcto funcionamiento".

Así, desde la Secretaría de Medio Ambiente de UGT Málaga, Francisco Javier Rodríguez Hurtado ha criticado "la desidia de las administraciones, su falta de sensibilidad medio ambiental, el incumplimiento de sus obligaciones en esa materia y su falta de entendimiento entre sí que les lleva a pensar más en reprogramar los proyectos que en realizarlos", poniendo como ejemplo la depuradora Norte.

En este sentido, ha lamentado, a través de un comunicado, que "su insensibilidad con el medio ambiente también nos hace perder una doble oportunidad de creación de empleo, de la que tan necesitados estamos en la provincia".

Por otro lado, Rodríguez ha recordado que "desde 1991 que se estableció la Directiva, han pasado 25 años y actualmente se siguen tirando aguas residuales sin depurar a los ríos y playas en prácticamente toda la provincia", además de que "se siguen consintiendo vertidos ilegales que en ocasiones son de los propios ayuntamientos". "¿Cuántos años más han de pasar para conseguir el añorado vertido cero?", se ha preguntado.

Ante ello, UGT ha vuelto a reclamar a las administraciones "un esfuerzo de entendimiento serio y responsable que, con carácter de urgencia y sin esperar plazos, inviertan ese dinero del que ya disponen, agilicen la implementación de medidas orientadas a depurar las aguas de todos nuestros municipios eliminando de una vez los vertidos contaminantes".

Por otro lado, ha afirmado que "resulta hiriente que desde 2011 se le esté cobrando a todos los malagueños en las facturas de agua un canon de depuración autonómico", preguntándose, en este sentido, "¿Dónde se emplea ese dinero?".

Asimismo, ha añadido que "por incumplimientos" de la Directiva 91/271/CEE en materia de depuración de aguas residuales en la provincia de Málaga, según datos de la propia Consejería de Medio Ambiente aportados por el sindicato, "son cuatro los municipios sancionados por El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea", de los que "dos de ellos está bajo responsabilidad de la Consejería y dos sobre el Gobierno central".

Por último, ha afirmado que "el desentendimiento no se queda solo en el ámbito local, regional o nacional", ya que "una vez cumplido todos los plazos, la Unión Europea orienta sus actuaciones a pedir planificar las obras y dotarlas de presupuesto, todo ello a su vez de pensando en prorrogar las ejecuciones de las obras entre 2016-2020".