Así lo ha indicado en rueda de prensa su portavoz, Aurelio Martín, acompañado de la edil Ana Castaño, quienes han aludido a la Regla de Gasto, que limita la capacidad de los ayuntamientos para hacer frente a las necesidades de sus ciudadanos.

Martín, en este sentido, ha recalcado que el objetivo principal es "una política que priorice las necesidades de las personas sobre la austeridad que marca el Gobierno de España". "Es una inmoralidad que ayuntamientos que tienen superávit, que tienen más ingresos que gastos, no puedan dedicarlo a políticas sociales o de creación de empleo porque se prejuzga dogmáticamente que solo puedes hacer gasto en función de lo que has ejecutado el año anterior", ha enfatizado.

Entre los puntos de la proposición, está el que el Ayuntamiento colabore con otros para darle una vuelta a estas políticas de austeridad, que cambie todo lo que tiene que ver con la Regla de Gasto y que se exija al Gobierno de España la necesaria y urgente modificación de los estatutos del Banco Central Europeo para que los Estados puedan financiar sus déficits mediante financiación monetaria directa de este organismo, además de la necesidad de derogar la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local".

Castaño, por su lado, ha puesto como ejemplo el indicador entre la capacidad y la necesidad de financiación, cuánto vamos a ingresar para hacer frente a la previsión de gasto. El resultado es que se prevé un superávit de 19 millones de euros que no podremos dedicar al gasto social, porque tienen que ir al pago de la deuda, a pesar de que este Ayuntamiento no incumple el límite de deuda del 75 por ciento.

También ha recordado que el remanente de Servicios Sociales no se podrán dedicar a políticas sociales, "en parte por estas normas y en parte por la actuación ineficiente de los Servicios Sociales".