Asimismo, en la sentencia dada a conocer este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), se condena a otras 9 personas a 9 meses de prisión por los delitos de asociación ilícita y prostitución de mayores de edad, y a una décima persona a 3 meses de prisión por asociación ilícita.

Según los hechos probados, el principal encausado era el administrador único de tres sociedades que, junto al resto de condenados, se dedicaba entre 2005 y 2006 de forma "estable y permanente" a lucrarse "mediante la explotación sexual en España de mujeres, principalmente procedentes de Paraguay, en distintos locales de alterne".

"La organización se encontraba perfectamente estructurada, teniendo cada uno de los miembros una serie de funciones específicas", señala la sentencia, que recalca que en cada club el principal encausado "contaba con personas de su confianza que se encargaban del control diario y de las cuentas de las mujeres, el cobro de los servicios, las comisiones y las multas".

Además, ha quedado probado que el líder del grupo captaba, a través de un tercero ya fallecido, a las mujeres en su país de origen "bien bajo el engaño de que trabajarían en España como camareras o bien conociendo que ejercerían la prostitución en España, lo cual aceptaban por necesidades económicas".

Cuando llegaba a España "les comunicaban que debían ejercer la prostitución para hacer frente a la deuda que habían contraído, que incluía el coste del viaje y la comisión de las personas que habían intervenido en la captación, y les pedían el pasaporte para efectuar una fotocopia que guardaban en el club".

De ese modo, según sigue la sentencia, les ponían "un nombre de trabajo", y les creaban una cuenta que reflejaba la deuda contraída y les explicaban las normas del club que eran las siguientes: las mujeres ocupaban una "plaza" en el club por la que debían pagar una cantidad diaria en concepto de alojamiento y manutención.

En caso de conseguir que un cliente les invitase a una copa, la mitad del importe de la copa era para el club y la otra mitad para la mujer; si se ausentaban sin autorización durante las horas de apertura del club se les imponía una penalización económica en concepto de multa; de cada servicio sexual, que denominaban "pases", una parte de lo pagado por el cliente era para el club; y si salían fuera del local con un cliente para prestar un servicio sexual debían abonar una cantidad al club.

La investigación arrancó cuando una de las mujeres logró escapar del club de Villena y presentar una denuncia ante la Policía Local de Villena. Así, relató que había llegado "engañada, pensando que iba a trabajar en un hotel pero en el servicio de limpieza o como camarera, pero nunca como prostituta".

Explicó el modus operandi de la organización "tanto para preparar la venida a España de las distintas mujeres, los viajes pagados por la organización desde España, el dinero facilitado para simular la condición de turistas, los traslados en taxis, y todo la intendencia organizativa de las plazas libres, los traslados, el control de las copas, pases y salidas, el control de los horarios, los turnos para comer, las habitaciones que utilizaban para alojarse".

Asimismo, recordó que "eran 33 las mujeres que había en el momento de la intervención, 20 irregulares, así como la documentación incautada del interior de una caja fuerte con los ticket, tablas de control y vales que utilizaba la organización".