Artur Mas saliendo de declarar en el TSJC por el 9N
Artur Mas saliendo de declarar en el TSJC por el 9N Europa Press

La Fiscalía Superior de Justícia de Catalunya solicita 10 años de inhabilitación para expresidente de la Generalitat, Artur Mas, por los delitos de desobediencia grave y prevaricación por la consulta del 9-N sobre la independencia de Cataluña convocada el 9 de noviembre de 2014. Los delitos imputados son los de desobediencia grave y prevaricación para Mas, Ortega y Rigau

En el escrito de acusación, los fiscales Emilio Sánchez Ulled y Francisco Bañeres también reclaman ocho años y siete meses para la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, la misma pena que para la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau -en ambos casos, también por desobediencia y prevaricación-.

En principio, el ministerio público pide penas de diez y nueve años de inhabilitación por ambos delitos en concurso, pero, para el caso de que el TSJC decida aplicarlos por separado, propone como alternativa una pena de nueve años y medio de inhabilitación y multa de 36.000 euros para Mas y, para Ortega y Rigau, multa de 30.000 euros y ocho años de inhabilitación.

La Fiscalía les acusa de haber desobedecido intencionadamente el mandato del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la consulta y de haber intentado aparentar que habían dejado la organización del 9-N en manos de los voluntarios.

Reacción de Ortega y apoyo de Puigdemont en twitter

La exvicepresidenta Joana Ortega ha asegurado a través de su cuenta de twitter que es "inédito en el mundo" que les "quieran inhabilitar por habilitar que la gente hable"

A lo que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, le ha respondido: "su vergüenza es nuestra fortaleza. No estáis solos: somos más lo que preferimos las urnas a las polillas"

El TSJC dio por concluida la causa en junio

El magistrado del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Joan Manel Abril, dio por concluida la causa en junio al considerar que existen indicios de que los tres miembros del Govern conocían desde el mismo día 4 de noviembre, cuando se produjo, la resolución del Constitucional que impedía la celebración de la consulta.

El TSJC consideró que no la acataron puesto que continuaron con los contratos con empresas privadas suscritos, por ejemplo, para dar soporte informático a la consulta, dotar de ordenadores, adecuar un centro de prensa o dar los resultados; amén de la confección de urnas y papeletas en a cargo de reclusos de las prisiones catalanas. El TSJC consideró que hubo implicación institucional

Abril rechazó que la jornada tan sólo fuera obra de voluntarios, sino que también cree que hubo implicación institucional. Los investigados, ahondaba, recibieron comunicaciones del mismo Tribunal Constitucional y de la Delegada del Gobierno en Catalunya en las que se les informaba de la suspensión.

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