La Audiencia condena a 29 personas a más de 103 años de prisión por el caso La Muela

  • La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a más de 103 años de prisión a 29 de los 40 acusados por 147 delitos en el caso de corrupción urbanística La Muela, según ha expuesto este jueves el magistrado Francisco Picazo, quien ha dado lectural al fallo, de 50 folios. Los condenados deberán pagar más de 44 millones de euros en multas.
María Victoria Pinilla, encabeza el número de años de condena.
María Victoria Pinilla, encabeza el número de años de condena.
EUROPA PRESS
María Victoria Pinilla, encabeza el número de años de condena.

Al terminar la lectura del fallo, de medio centenar folios, dentro de una sentencia de 300, el magistrado Picazo ha agradecido a los encausados la colaboración "en estos momentos difíciles para ellos".

Esta sentencia, que ha levantado una gran expectación, establece también una serie de multas que los acusados deberán abonar en las cantidades establecidas para cada uno de ellos y cuyo valor asciende a más de 44.727.687,185 de euros. Algunos deberán, además, hacer frente a las indemnizaciones estipuladas en la sentencia.

Dado el principio acusatorio que rige el procedimiento penal español los magistrados han decretado la absolución de Luis Alberto París Cester, José Fernández Martínez, Isidro del Valle Carro y del exescolta del Gobierno de Aragón Antonio Víctor Rollo Velilla al haberse retirarse en su día las acusaciones formuladas contra ellos por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares.

El fallo judicial dicta también la absolución de Miguel Ángel García Casillas y Emilio París Cester por los delitos de cohecho; de Joaquín García Cayado y Miguel Cabrera Cobos por los delitos de cohecho y de uso de información privilegiada; del exsubdirector provincial de Urbanismo Carlos Martín Rafecas por el delito de tráfico de influencias, y de Modesto Barranco Gimeno y Fernando Lavilla Royo por los delitos de negociaciones prohibidas a los funcionarios, delitos por los que todos ellos fueron enjuiciados. Y junto a ellos absuelve a Bantierra (antigua Cajalón) del delito de blanqueo de capitales.

La Audiencia ha condenado a la exalcaldesa, María Victoria Pinilla, a 17 años de prisión y 80 de inhabilitación para desempeñar cargo o empleo público, mientras que su exmarido, Juan Antonio Embarba, ha sido condenado a 3 años y sus tres hijos a penas de hasta un año y al pago de varias multas.

Pinilla está inhabilitada además durante más de 70 años para desempeñar cargo o empleo público. La excalcaldesa ha sido condenada, asimismo, al pago de 9.954.720 millones de euros por los mismos delitos. Inicialmente, la Fiscalía pedía para ella 36 años de prisión 26 millones en multas.

Es responsable de los delitos de prevaricación, cohecho, fraude y exacciones ilegales, contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, según ha señalado el magistrado. No obstante, de los 23 delitos que se le imputaban ha sido absuelta de 9 de ellos.

El empresario Juan Antonio Embarba Laborda, exmarido de Pinilla, ha sido condenado a 3 años de prisión por tres delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales, y también al pago de multas por valor de más de 3,7 millones de euros. No podrá recibir subvenciones ni otras ayudas públicas durante un año y seis meses. De un total de cinco delitos que se le imputaban ha quedado absuelto de dos de ellos.

Víctor Embarba Pinilla, uno de los hijos, ha sido condenado a 9 meses de prisión y al pago de una multa de 252.095 euros por un delito de blanqueo de capitales, quedando absuelto del delito de uso de información privilegiada, mientras que su hermano Jorge como responsable de un delito de blanqueo le ha acarreado un año de prisión y una multa de 654.593,84 euros.

Para Juan Antonio Embarba Pinilla, el tribunal ha establecido 9 meses de prisión y una multa de 222.5560 euros por el mismo delito de blanqueo. María Dolores Pinilla Bielsa, hermana de la exalcaldesa, ha sido condenada a un año de prisión por blanqueo de capitales.

OTROS CONDENADOS

Además, el empresario Antonio Fando García, representante de Gestión de Aguas de Aragón, ha sido condenado a 11 años de prisión y multas por valor de 478.000 euros por la comisión de 13 delitos; Luis Mariano Montori Lasierra, administrador de Concilio Construcciones y Contratas, es autor de un delito de malversación de caudales públicos, lo que le ha supuesto una pena de seis meses de prisión, sustituida por una multa, y la inhabilitación absoluta para empleo o cargo público.

El exconcejal muelano Juan Carlos Rodrigo Vela ha sido condenado a cinco años de prisión por siete delitos; el empresario de Brocover José Carlos Fernández Delgado, a seis meses por blanqueo de capitales, siendo absuelto de dos delitos; el secretario municipal Luis Ruiz Martínez ha sido condenado por negociaciones prohibidas a funcionarios y absuelto de otros cuatro; el representante de Construcciones Nuevos Hogares, Vicente Rodrigo López, a nueve años de prisión y una multa de 3.906.001,93 euros por seis delitos; el arquitecto municipal, Antonio Francisco Núñez Castillo, tres años y seis meses de cárcel, y 36 meses de multa por falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios, siendo absuelto de otros cuatro delitos.

El empresario Carmelo Aured, exalcalde de la localidad, ha sido condenado a nueve años y nueve meses de cárcel y multas por valor de 7.144.181,88 euros por ocho delitos, y ha sido absuelto de otros cuatro; José Francisco Aramburu Altuna, socio de Construcciones Sagain, a un año de cárcel y una multa de un millón de euros por tráfico de influencias.

El tribunal ha impuesto al empresario y administrador de ARANADE Julián de Miguel Ortega, una pena de seis años y 10 meses de cárcel y multas por 5.585.092,22 euros por cinco delitos, siendo absuelto de otros cuatro.

El exconcejal Fernando Barba Marcén ha sido condenado a seis años y nueve meses de cárcel y multas por un total de 438.040 euros por los cuatro delitos que se le atribuían.

Asimismo, el administrador de Sagain, Juan Ignacio Usain Azpiroz, tiene una condena de tres años de prisión y multas por 859.466,35 euros por tres delitos, siendo absuelto de dos; Julio Herrero Valdecantos, de Construcciones Nuevos Hogares, tiene una condena de ocho años de cárcel y multas por valor de 3.327.001,93 euros por los cinco delitos por los que ha sido juzgado, y Miguel Ángel Horta Lázaro, administrador de PVL Viviendas, ha sido condenado a dos años y una multa de 3.000.000 euros por un delito contra la Hacienda pública.

La Audiencia ha condenado a José Miguel Ángel Mosteo Melús, empresario de Artebit, a seis meses de cárcel y una multa de 1.320.801,205 euros por un delito contra la Hacienda pública; al entonces director de la sucursal de Cajalón, Alberto Lozano Lorente, a ocho meses de cárcel y una multa de 420.000 euros por blanqueo de capitales.

Asimismo, Loreto Ormad Melero, administradora de Grupo On, ha sido condenada por tráfico de influencias a un año de prisión y 22.000 euros de multa. Han sido condenados Julio y David de Miguel Santander, administardor y accionista de Tudela Inmobiliaria, a dos años de prisión y 480.000 euros de multa por un delito contra la Hacienda pública, absolviéndoles de dos delitos, uno de negociaciones prohibidas a los funcionarios y otro de tráfico de infuencias.

José Antonio Puyadas Embid, asesor de Carmelo Aured, tiene una condena de un año de cárcel y multas por 294.605 euros por dos delitos, siendo absuelto de otros cinco, mientras que Domingo Fernández Delgado, administrador de Brocover, ha sido condenado por blanqueo de capitales a seis meses de cárcel y una multa de 250.000 euros. El tribunal le absuelve de falsedad en documento mercantil y un delito continuado de estafa agravada.

Laureano Pablo Gimeno, administrador de Imnuebles 'El Raso', ha sido condenado por un delito contra la Hacienda pública a seis meses de cárcel y una multa de 114.542,97 euros, y Antonio Gimeno Melús, también administrador de 'El Raso', a seis meses de cárcel y una multa de 114.542,97 euros por un delito contra la Hacienda pública.

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