En el primero ha criticado que no ha renovado el convenio que desde hace 25 años mantenía con el Ayuntamiento para que éste gestionara el aprovechamiento cinegético de una finca autonómica junto a otras de titularidad municipal. En el segundo, ha aludido al mal estado de la valla perimetral "ni siquiera completa" que circunda una reserva andaluza de caza mayor, de modo que los animales están causando "perjuicios" a los cultivos de las parcelas limítrofes.

Así lo ha puesto de relieve la vicesecretaria de Organización y Electoral del PP andaluz, Patricia Navarro, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a los parlamentarios andaluces Catalina García y José Antonio Miranda, representantes del grupo municipal 'popular' en Quesada y el alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena.

"Cada uno con sus peculiaridades, pero cualquiera de ellas se podría extrapolar a cualquier punto de Andalucía porque lamentablemente nos encontramos con una gestión en materia forestal y aprovechamiento cinegético que dista mucho de la realidad y de las necesidades de los municipios", ha afirmado Navarro sobre los casos de ambas localidades jiennenses.

El alcalde de Santisteban ha explicado que desde 1991 mantenían un convenio para el aprovechamiento conjunto de una finca municipal y otra de la Junta. Así el Ayuntamiento se encargaba de la gestión de la "única unidad cinegética" que forman El Puerco, Dehesa Carnicera y Maja de las Cabras, "insertos en el mismo monte" y con la "misma valla perimetral", razón "por la que han funcionado tan bien este convenio".

Ha asegurado que se ha hecho una "impecable" labor con "otros beneficios" como la prevención del furtivismo, el mantenimiento de la finca o la generación de empleo. En este sentido, ha aludido a un plan local dotado anualmente con unos 40.000 euros, así como el puesto permanente de guarda y otros que se generan con las monterías, como muleros, pastores y guías o camareros para el servicio de catering el día de caza.

"25 años pagando por poder mantener esa finca. Este año nos han desahuciado, además sin preaviso, sin posibilidad de negociar ni siquiera de decir que el único perjudicado iba a ser el monte, no nosotros", ha lamentado para precisar que el convenio caducó el pasado 30 de mayo. La "única comunicación oficial" de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha sido una carta diciendo que Amaya se hace cargo de la gestión, por lo que entienden que es el "órgano contratante" para su aprovechamiento.

Requena ha añadido que desde entonces "nadie de la Junta" ha realizado tareas como la alimentación de reses, el transporte de agua a abrevaderos o piedras de sal para el desarrollo de las cornamentas de los ciervos. "Lo ha hecho el Ayuntamiento", para el que, junto al salario del guarda, ha significado unos 9.000 ó 10.000 euros.

DESAHUCIO

El regidor ha incidido en que la decisión del Gobierno andaluz supone "un desahucio que no responde a ninguna medida técnica, ecológica" ni que mejore el monte, sino que es "sectaria" y "por el beneficio de una agencia". "El dinero que se ingresaba en las arcas de la Consejería de Medio Ambiente por la gestión, el próximo arrendatario, seamos nosotros o no, ingresará ese dinero en las cuentas de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente", ha comentado para agregar que desconocen las intenciones de esta entidad y si qué hará "si queda desierto" el proceso para el aprovechamiento.

Por ello, según ha anunciado Navarro, el PP-A impulsará varias iniciativas en el Parlamento de Andalucía comenzando por la petición de comparecencia del consejero José Fiscal para saber "por qué no se renueva este convenio" y "por qué se ha sustituido" este trabajo con ayuntamientos y empresas locales por Amaya.

Además, realizará una solicitud de información sobre los expedientes de contratación de los últimas cinco años y de los expedientes de adjudicación, al tiempo que planteará una PNL para instar a la Consejería a elaborar un plan de recuperación de espacios deteriorados.

RESERVA

La dirigente 'popular' también ha adelantado que habrá iniciativas en la Cámara autonómica ante la situación que se da en Quesada, donde existe una reserva andaluza de caza mayor con especies como ciervo, gamo o jabalí que están causando "serios perjuicios" en los cultivos de las fincas colindantes.

El problema, según ha detallado, es "el deterioro" de la valla colocada en 2005 que, además, "ni siquiera está completa". Por eso, el PP-A pedirá en el Parlamento andaluz su arreglo y mantenimiento y, con carácter más genérico, que tome medidas para controlar la "sobrepoblación" de especies cinegéticas. Junto a ello, reclamará que "la Junta garantice la indemnización" a los titulares de explotaciones agrarias que se están viendo afectados por esta situación y que les están reconociendo en los tribunales.