La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado este viernes al Tribunal Supremo que abra causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de presunto delito de blanqueo en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa, han informado fuentes jurídicas.

El Ministerio Público solicita en un escrito remitido al alto tribunal que designe un magistrado instructor. El juez de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, encargado de la investigación, envió al TS la parte de la investigación que afecta a la senadora el pasado mes de abril.

En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

El magistrado consideraba en su exposición que habiendo reconocido la exalcaldesa que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), exediles, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería "incoherente" no elevar exposición al TS, por ser el único competente para investigar y, en su caso, juzgar a la senadora, que tiene la condición de aforada.

A su vez, el juez subrayaba las sospechas sobre las cuentas del PP y la relación de Barberá con la responsable de las finanzas, la exsecretaria del grupo municipal María del Carmen García-Fuster, principal imputada en esta pieza separada, y consideraba que las explicaciones dadas por la senadora son insuficientes para excluir su posible implicación.

El juez explica que ni las dos investigadas que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto, ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación, han realizado una imputación concreta sobre la participación de la exalcaldesa de Valencia en los hechos.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, el juez apunta que Barberá era su superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del grupo municipal, y existía además una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada.

Esta, en su declaración judicial, se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero, han añadido las mismas fuentes. El juez considera que la investigación sobre el supuesto dinero blanqueado, por la naturaleza opaca del mismo, es compleja.

Así, explica que la "presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura que se investigan en la pieza principal" son "muy anteriores en el tiempo", pero considera "significativo" el silencio de García-Fuster al ser interrogada sobre el origen de ese dinero.

Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció declarar a Barberá, quien presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la alcaldía, y niega el reintegro del mismo. Sus explicaciones, señala el instructor, son insuficientes para excluir su posible implicación en los hechos investigados.