La abogada bilbaína María Pilar Jiménez, acusada de estafar a 49 inmigrantes, admite que cobró comisiones a extranjeros sin papeles para legalizar su situación. «Pero nunca les prometí nada. Les decía claramente que aunque yo cursara la petición para regularizar su situación, la respuesta de la Administración podría ser sí o no».

Esta frase de la letrada bilbaína es la base de su defensa. Jiménez compareció ayer en la Audiencia de Vizcaya en el primer día del juicio contra ella. La acusación sostiene que la jurista cobró en los años 2003 y 2004 comisiones de hasta 600 € a extranjeros irregulares en España prometiéndoles papeles. Algo que, según la acusación, sabía perfectamente que era imposible.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal pide ocho años de cárcel y una multa de 7.500 €. La acusación particular, ejercida por la ONG Sos Racismo, solicita 12 años de cárcel, 36.000 € de multa y una indemnización de 1.000 € para cada uno de los 49 foráneos afectados que constan en el auto judicial. Eso sí, podrían ser hasta 127, según algunas fuentes.

Jiménez explicó ayer que ella recibía a los inmigrantes en su despacho de Bilbao. Cobraba 50 € por la consulta y 550 € más «por hacerles todo: asesorarles, rellenarles los formularios y acompañarles a hacer cola», detalló. Un dinero abonado en metálico o en una cuenta a su nombre y el de su madre.

Ahora bien, la acusación arrojó sombras sobre esa versión. El abogado de Sos preguntó a la acusada si era cierto que amenazó a un inmigrante que no le pagó con llamar a la Policía para que le deportasen. Jiménez no contestó a sus preguntas.

Cita a las 4 de la madrugada

El abogado de la acusación cuenta que la abogada bilbaína citaba en ocasiones a más de 20 inmigrantes en su despacho de Bilbao a las cuatro de la madrugada. Allí rellenaban los cuestionarios e iban al Ministerio de Trabajo antes del amanecer para hacer cola en ventanilla.

Todos los afectados residían en Navarra e iban expresamente a Bilbao a contratar los servicios de la acusada. Jiménez aseguró ayer que desconocía que los extranjeros residieran en Navarra