En declaraciones a los periodistas, Pérez Navas ha explicado que, "lejos de lo que pretende hacer creer el gobierno municipal", si esta empresa no termina haciéndose con el nuevo contrato que el Ayuntamiento está obligado a sacar por mandato judicial, "perfectamente podríamos correr el peligro de que pidiera indemnización al Ayuntamiento y, entonces, desde el PSOE iríamos a la Fiscalía" para poner en conocimiento todo lo sucedido.

Tras trasladar su "deseo de que eso no ocurra" porque no es bueno para los intereses generales de la ciudad", ha especificado que, no obstante, si ocurriera los socialistas recurrirían a la Fiscalía para que determinara si ha habido "algún tipo de interés o actuación que pudiera tener carácter delictivo" detrás de la manera en la que el PP ha gestionado el asunto.

Pérez Navas ha señalado también sus dudas sobre si la dilación a la hora de ejecutar una sentencia dictada hace un año ha podido ser "premeditada" para, con esa manera de actuar, "favorecer" a la actual concesionaria de cara a quedarse con el servicio en el nuevo procedimiento, realizado por la vía de urgencia, para volver adjudicar el mismo.

"Que el equipo de gobierno no piense que este asunto ha terminado con la nueva concesión del servicio, porque lo que ha hecho es abrir un nuevo capítulo de esta incertidumbre en la que nos tiene desde el Ayuntamiento", ha asegurado.

En ese sentido, ha añadido que la gestión del servicio de cementerios y, en concreto, de cómo se adjudicó, "no es más que la cronología de lo que ha sido el equipo de gobierno anterior del PP y el actual equipo de gobierno, con un trabajo en el que todo se hace desde la irresponsabilidad, desde la improvisación, desde la descoordinación, y no mirando el interés general, sino otros intereses".

Al hilo de esto, Pérez Navas ha pedido directamente al alcalde, Ramón Fernández-Pachecho, que "aclare y también que pida responsabilidad" sobre por qué se ha tardado un año en ejecutar una sentencia "que era inapelable, que había que ejecutarla, y sobre por qué se ha puesto al servicio en precario, que es como se ha mantenido y se mantiene ahora" sin que la empresa pueda hacer nada más allá del mantenimiento diario del mismo.

Para concluir, ha recordado que la ejecución de la sentencia "siempre ha sido nuestra postura y lo que ha venido pidiendo el Grupo Socialista" al tiempo que ha lamentado que el gobierno municipal haya esperado una orden judicial de ejecución forzosa para hacerlo. "Se han puesto en riesgo durante este año los intereses del Ayuntamiento y nos podrían haber sancionado incluso con una multa" por parte del juzgado", ha apuntado.