Más del 80% de las mujeres de la Comunitat que solicita una orden de protección en los juzgados de violencia sobre la mujer consigue que el juez decrete alguna medida preventiva, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

La Audiencia Provincial de Alicante, en colaboración con el Colegio de Abogados y el de Procuradores, la asociación de mujeres juristas Themis, la agrupación de Mujeres Letradas y el Foro de Alicante contra la violencia de género, entre otros, organiza desde el año pasado unas jornadas informativas con el objetivo de asesorar a las víctimas de violencia de género sobre las posibilidades que las diferentes Administraciones y otros organismos ponen a su alcance para poner fin a la situación en la que viven.

El proyecto cuenta además con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante y de la Conselleria de Justicia.
El próximo lunes, 24 de septiembre, se desarrollará de nuevo uno de estos encuentros periódicos en el COLEGIO DE ABOGADOS DE ALICANTE (C/ Gravina 4, 2ª planta) de 9,30 a 14 horas. (Para garantizar la intimidad de las víctimas no se permitirá el acceso de los periodistas gráficos a las sesiones).
Esta será la tercera sesión que se celebra este año y la séptima desde que se inició el programa en 2006. Además, hay una última programada, que tendrá lugar el 3 de diciembre.

La asistencia al programa no requiere inscripción previa y es totalmente anónima. Así, se pretende preservar la intimidad de las personas que acudan al encuentro, tanto si son víctimas que han interpuesto una denuncia, como si se trata de mujeres que aún no se han decidido a dar este paso, o de familiares y amigos interesados en ayudar a alguien a salir de una situación de maltrato.

Según un estudio del CGPJ, realizado en los juzgados de toda España cuando estaban a punto de cumplirse los dos primeros años de vigencia de la Ley Integral de violencia sobre la mujer, el 80 por ciento de las personas enjuiciadas por malos tratos fue condenado.

Aproximadamente la mitad de los asuntos tramitados fueron por un delito de lesiones, seguidos de los asuntos por delitos contra la libertad -13 por ciento- y de los delitos contra la integridad moral -7 por ciento-.

En cuanto al número de órdenes de protección, medida cautelar que el juez puede dictar para proteger a la víctima mientras espera a que recaiga sentencia definitiva sobre el asunto, éstas fueron mayoritariamente penales, aunque los jueces también acordaron un número considerable de medidas civiles.

Las medidas -que pueden acordarse de manera simultánea- que más se dictaron fueron las órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación decretadas en más de un 80 por ciento de los casos. En un 19 por ciento de casos se decretó también la salida del agresor del domicilio de la víctima.

En cuanto a las cautelares civiles, además de la atribución del uso de la vivienda a la mujer hasta la resolución de la separación, en más de un 20 por ciento de los casos se establece la obligación de prestación de alimentos y en un 8 por ciento se suspende la guardia y custodia de los hijos.