La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén se pronunciará antes de este viernes sobre si suspende o no temporalmente la entrada en prisión de Gómez Sevilla donde, de no acordarse lo contrario, deberá comenzar a cumplir los tres años y dos meses de cárcel a los que le ha condenado el Tribunal Supremo por un delito de falsedad del que había sido inicialmente absuelto por la propia Audiencia.

Precisamente, este viernes, 15 de julio, finaliza el plazo de diez días hábiles que la Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha concedido a Gómez Sevilla para su ingreso voluntario en prisión.

El fiscal jefe de la Audiencia de Jaén, Carlos Rueda, ha confirmado a Europa Press que el Ministerio Público no se va a oponer a la suspensión de la entrada en prisión ni tampoco a la concesión de un indulto parcial por parte del Ministerio de Justicia que ya está tramitado por parte de la defensa de Gómez Sevilla.

Para no oponerse, la Fiscalía ha tenido en cuenta que Gómez Sevilla no tiene antecedentes y además lleva años retirado de la política. Otro de los factores tenidos en cuenta es que el exedil no se ha llevado ni un euro de dinero público sino que lo hizo fue destinar fondos de subvenciones a jornales en obras municipales distintas a las que inicialmente se habían concedido dichas ayudas públicas.

Fue la Fiscalía la que recurrió la sentencia de la Audiencia de Jaén ante el Tribunal Supremo. De ahí que su no oposición a la suspensión de la entrada en prisión ni tampoco al indultó aleja un poco más de la cárcel a Gómez Sevilla, aunque será el tribunal que conforma la Sección Tercera de la Audiencia de Jaén el que tome la última palabra.

La petición de indulto parcial ya suma más de 1.900 adhesiones en la plataforma digital donde se están recogiendo apoyos, además del del Ayuntamiento de Huesa aprobado en pleno con los votos a favor del PSOE y la abstención de IU ya que los concejales del PP no acudieron al pleno donde se votó esta cuestión.

Ya está también presentado por su abogado el recurso al Tribunal Constitucional por entender que no se le puede condenar por un delito del que había sido absuelto por la Audiencia de Jaén sin antes celebrar una vista por el Supremo en el que se de oportunidad de oír al procesado.

Gómez Sevilla, en declaraciones a Europa Press, se ha mostrado "muy confiado" en que la Audiencia suspenda finalmente su entrada en prisión a la espera de que se resuelva el indulto por el consejo de ministros.

El exalcalde, que en declaraciones anteriores a Europa Press ha dicho que la condena del Supremo de tres años y dos meses de cárcel, además de multa de 3.600 euros, es "injusta y desproporcionada", ha dicho sentirse "tranquilo", pero con "muchas ganas" de que se resuelva su situación, sobre todo "por mi familia que lo está pasando francamente mal".

LA CONDENA

La Audiencia de Jaén condenó en diciembre de 2015 a Gómez Sevilla, como inductor, y al arquitecto municipal, como autor, a seis meses de suspensión para empleo o cargo público a cada uno por un delito de certificación falsa. La misma sentencia absolvió al exalcalde de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad.

El Ministerio Fiscal recurrió la sentencia de la Audiencia y seis meses después el Supremo, en junio de este año, la hecha por tierra y acaba condenando con pena de cárcel al exprimer edil por un delito de falsedad.

Según los hechos probados, Gómez Sevilla solicitó y le fueron concedidas dos subvenciones finalistas, una de 13.206 euros de la Diputación para la adquisición de materiales y otra de 34.414 euros del Servicio Público de Empleo Estatal, para la realización de la obra "Ensanche de la Fuente del Popi", aprobada por el Ayuntamiento de Huesa en 2008. Aun conociendo el destino de dichas cantidades, Gómez Sevilla, utilizó las mismas para pagar nóminas por trabajos en otras obras del municipio.

El arquitecto municipal, siguiendo órdenes del alcalde, emitió certificado final de la citada obra en 2009, con el objeto de justificar el destino para el que habían sido concedidas y evitar la devolución; presentando el alcalde dicho certificado ante los organismos subvencionadores.

Como no se habían realizado las obras, se aprobó por el Ayuntamiento un segundo proyecto, llamado Reforma Plazoleta Calle Úbeda, que era una copia casi idéntica del anterior, por el que recibió una nueva subvención de 42.700 euros, emitiéndose por el alcalde y el arquitecto las órdenes de pago, certificaciones de inicio, parciales y final de obra que, esta vez, sí fueron ejecutadas.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo indica en su sentencia que si una orden de pago con cargo a una subvención finalista para realizar un determinado proyecto, que está sujeto además a su comprobación posterior, altera dicha finalidad para hacer efectivas nóminas por otros trabajos ajenos al destino del dinero, "comporta una alteración relevante del mismo aplicado a una partida presupuestaria oficial, incumpliendo no solo la función probatoria del documento, el pago de los trabajos realizados conforme a la subvención, sino garantizadora de haber aplicado a su fin específico el dinero recibido".

Para justificarlo, añade la Sala Segunda, era necesario certificar la terminación de las obras subvencionadas, llegando incluso a duplicar determinados trabajos del primer proyecto que fueron por ello doblemente subvencionados, lo que hizo necesario otro segundo, copia del primero, que sí fue ejecutado con una segunda subvención.