De esta forma, Roca se suma a los 24 procesados en la causa -más una más a título lucrativo-, que queda lista ya para la celebración del juicio. Entre el resto de procesados figuran el exvicepresidente de la Diputación y expresidente de Emarsa, Enrique Crespo; el exgerente de la empresa, Esteban Cuesta y los dos ex altos cargos de la entidad de saneamiento Epsar José Juan Morenilla

e Ignacio Bernácer.

Así consta en el auto de la jueza, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, que pone fin a la instrucción suplementaria y procesa al empresario fugado en la pieza principal del caso por malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.

La jueza concluye que existen indicios de la presunta participación de Roca, "en su calidad de administrador de las diferentes mercantiles constituidas ex profeso para el fin pretendido, diseñando y ejecutando de manera continuada con los demás investigados un plan de actuación con la finalidad de obtener, todos ellos, un beneficio patrimonial ilícito a costa de los fondos públicos" asignados a Emarsa para la explotación de la depuradora ubicada en Pinedo "mediante la interposición de manera artificiosa de diferentes mercantiles".

El auto señala que entre 2005 y 2010 Emarsa recibió facturas de distintas mercantiles como Etwas, Erwinin, Zonday, Printergreen o Notec "por la gestión de lodos y desbastes, bien por servicios que no fueron prestados en absoluto, bien por servicios realmente prestados por otras mercantiles (Adogs, Trabisa) a precio de mercado pero que, mediante la artificiosa interposición en la facturación de aquéllas, fueron cobrados a la empresa pública a precios muy superiores a los existentes en un mercado normal".

La instructora considera que Roca actuó en connivencia con los directivos de la empresa pública e interpuso sus empresas, que carecían de medios humanos, materiales y financieros para desplegar actividad económica alguna en la cadena de facturación de lodos y desbastes entre 2005 y 2010 para incrementar artificiosamente el valor de los trabajos realizados.

En el escrito se deja constancia de que Emarsa pagó por la gestión de lodos con destino a su aplicación agrícola y desbastes una cantidad superior a 13 millones de euros de lo que le hubiera correspondido pagar por los servicios efectivamente recibidos "lo que se explica por la existencia de una trama organizada en torno a esta empresa pública" y en la que indiciariamente participó Roca junto a los otros investigados.

Al respecto añade que sin la participación de todos ellos, "que actuaron con ánimo de lucrarse, sencillamente hubiera sudo imposible que tal cantidad de fondos públicos se hubieran detraído y empleado para otros fines, por lo demás ilícitos". En concreto, la jueza estima que la cantidad de fondos públicos que se trató de detraer por el sistema creado en gestión de lodos y desbastes ascendió a 13.828.534 euros y los efectivamente sustraídos alcanzaron 13.050.002 euros.

CALIFICACIONES

El juez da ahora un plazo de diez días a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral y formulen sus escritos de acusación; o pidan el sobreseimiento de la causa o, de manera excepcional, la práctica de más diligencias.

El investigado se encontraba huido de la Justicia desde el principio de la investigación, en 2012, y fue detenido en Moldavia. Su extradición se realizó el 15 de abril. Tres días después, la jueza, a petición de la Fiscalía, a la que se adherieron todas las acusaciones, acordó prisión provisional comunicada sin fianza.

La instructora tuvo en cuenta la falta de arraigo en España del imputado así como su habilidad para moverse en el extranjero y la posibilidad de intentar destruir pruebas o influir en testigos antes de la celebración del juicio.

La detención de Roca se produjo tres meses antes de que comenzara el juicio por delitos de contra los otros 24 acusados de diseñar y participar de un entramado empresarial que durante al menos seis años (entre 2004 y 2010) detrajo más de 23 millones de euros de fondos públicos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa).

JUICIO SUSPENDIDO EN SU ESPERA

La vista oral por la pieza principal, que inicialmente se iba a celebrar en la Audiencia Provincial de Valencia en su ausencia el pasado 2 de noviembre, se suspendió tras la detención de Roca. La sección Primera acordó devolver la causa al Juzgado de Instrucción para practicar una instrucción complementaria cuando el prófugo fuera extraditado, trámite que ahora se da por concluido.

En la pieza principal las acusaciones son por delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo, prevaricación administrativa y falsedad en documento mercantil y se dirigen contra exdirectivos de Emarsa, de Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos), de Epsar (Entidad Pública de Saneamientos Residuales) y varios empresarios.

Roca está también procesado en la pieza separada número 6 por delito contra la Hacienda Pública. La jueza, tras realizar una instrucción suplementaria, concluye que emitió facturas por importe de 667.300 euros que no respondían a servicio alguno y favoreció con ello que la empresa contra la que giraba esas facturas defraudara más de 251.000 euros.