En rueda de prensa, Sánchez ha aseverado que "ayudar al que lo necesita no es regalar dinero", pero, en todo caso, ha instado al gobierno local a que, "si ve que hay un delito, que lo denuncie" y acuda a la Fiscalía "del tirón", que "ya buscaré los argumentos para defenderme", ha apuntado.

En ese sentido, el exalcalde ha afirmado que nunca ha hecho "nada de lo que me pueda arrepentir" ni ha actuado "contra la legalidad con conocimiento" de ello.

Sánchez ha aseverado que "dinero público invertido en la integración social no es un regalo", y en esa línea ha atribuido al actual gobierno local un "concepto xenófobo y racista respecto a la integración social", y ha indicado que el portavoz del ejecutivo municipal, Daniel Manrique, se refirió a "personas de etnia gitana" para explicar los convenios objeto de la acusación.

El exalcalde se ha remitido a actas de la Junta de Gobierno local para exponer documentación al respecto de sus actuaciones, y en ese sentido ha subrayado que "todo está publicado y es conocido", al tiempo que ha sentenciado que "ayudar a una familia a que salga de una zona y se integre socialmente en otra, ayudarle económicamente desde el Ayuntamiento, como se hace en otros muchos programas, no es regalarle dinero público".

Así las cosas, Lorenzo Sánchez ha insistido en señalar que no tiene duda de su "actuación legal" en los distintos temas, y ha llamado la atención sobre la "contradicción" de que se utilicen "actuaciones que van contra las personas, contra los más débiles, que están haciendo un gran esfuerzo por salir de donde están".

También ha opinado, en referencia al actual ejecutivo de Rota, que "tiene que ser doloroso estar gobernando durante un año y no aportar nada nuevo" y estar inaugurando actuaciones de la anterior corporación.

También ha acusado al portavoz del gobierno local de "denigrar al Ayuntamiento al intentar denigrarme a mí". "¿Cómo puede decir que se pierden los papeles en el Ayuntamiento; a ver si se los ha llevado él?", ha preguntado Sánchez en referencia a Manrique, al que, tras indicar que por Internet se encuentran los convenios, ha animado a que "investigue bien, que defina quién es el responsable de guardar esa documentación, y que si no aparece, lo denuncie".

Lorenzo Sánchez ha concluido insistiendo en que "nunca" ha actuado "de mala fe ni en beneficio propio". "Me acusa de un delito, pero a la vez me ofrece magnánimamente el perdón", ha dicho en referencia al portavoz del gobierno local, al que ha instado a que "actúe", y a que "si está tan seguro de que he cometido un delito, que me denuncie".

ACUSACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL

Cabe recordar que desde el gobierno local han dado hasta el 15 de septiembre de plazo para que se devuelva el dinero de los referidos convenios a las arcas municipales. En caso de no poder resolver así el asunto por la vía administrativa, anunció que llevará el asunto a los tribunales.

Manrique detalló que el asunto surge a raíz de que varios inquilinos de un edificio de viviendas sociales de propiedad municipal alertaran de lo ocurrido en 2007, reclamando para ellas el mismo trato. Por ello, saltó "la alarma" y se inició una investigación por parte del gobierno municipal.

Tras significar que años atrás "no se ha llevado un control exhaustivo" sobre las personas que residían en el inmueble y si eran las originalmente adjudicatarias, el edil comentó que han localizado dos convenios de 2007 por los que "el Ayuntamiento compraba a dos familias la entrada de un piso de VPO que hacía una promotora, y se ponía la escritura a nombre de estos particulares".

Manrique destacó que les ha "llamado la atención" porque, además, "no tiene valoración ninguna" y "se les está pagando la entrada de un piso cuando esas personas no tienen derecho de propiedad alguno". Asimismo, se preguntó "por qué a estas personas y al resto no".

Según ha detallado, en uno de los casos se pagaba la entrada de un piso con garaje y trastero, y en el otro caso la entrada de un piso y un cheque por valor de 3.000 euros cuyo destino no se especifica.

El portavoz del equipo de gobierno ha explicado que si los acuerdos se hubieran hecho por el Ayuntamiento podría plantearse una declaración de lesividad y anularlos, pero eso no es posible por tratarse de una sociedad municipal que se encuentra actualmente extinguida, en alusión a la Sociedad Urbanística de Rota, S.A. (Sursa).