También exigirá al Gobierno andaluz que, aprovechando el conocimiento y disposición de asociaciones especializadas en este ámbito de trabajo y la propia red municipal, incremente los recursos actuales y, en su caso, proceda a su redefinición para el ejercicio presupuestario de 2017.

Jóvenes extutelados son aquellos que pasaron parte o toda su infancia en el sistema de protección, independientemente de si estuvieron bajo medida de tutela o guarda. Muchos de ellos son extranjeros indocumentados.

En el caso de la ciudad de Málaga, de enero a abril de este año, son 21 los chicos que tienen una situación especial de vulnerabilidad, ya que la mayoría de ellos comenzaron su historia en solitario, convirtiéndose en los denominados menores extranjeros no acompañados (MENA).

Tras llegar a España sin la protección de padres o tutores, pasaron a ser tutelados por la Junta de Andalucía al encontrarse en situación de desamparo. La mayoría de ellos proceden de Marruecos y son hombres. La carencia de documentación y la renovación del permiso de residencia temporal frenan su proceso de inserción social.

En la moción, que presenta el concejal de Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transparencia, Julio Andrade, y que recoge Europa Press, se advierte de que estos jóvenes, sin el programa Puerta Única, fruto del "esfuerzo" de todas las asociaciones, "están abocados a situaciones extremas de dificultad y exclusión social, de las que es difícil salir: delincuencia, prostitución y ocupación ilegal de viviendas".

RECURSOS DE LA JUNTA Y DEL AYUNTAMIENTO

Aunque la competencia en protección y disposición de recursos para jóvenes tutelados y extutelados corresponde a la Junta, en la provincia de Málaga la Administración autonómica sólo ofrece 16 plazas en el programa de mayoría de edad, conveniadas con distintas entidades, frente a las 25 del Ayuntamiento, a través de los pisos de inserción, en colaboración con Málaga Acoge, Accem, RAIS y Cáritas.

Así, se alerta en la moción de "la falta de coordinación de la Junta con los recursos locales a la hora de planificar la salida de los centros de menores de estos jóvenes cuando cumplen 18 años y la limitación de oportunidades".

Y es que, según se denuncia, "no inician los trámites de solicitud de la nacionalidad de menores extranjeros cuando están tutelados y cumplen los requisitos para ello ni se les ofrece la orientación jurídica necesaria para dotarlos de una autorización de residencia y trabajo que haga viable su inmediata vida autónoma".

Todo ello pone de manifiesto "el desarrollo insuficiente de los programas de vida independiente, a pesar de que la normativa obliga a las comunidades autónomas a ofrecérselos tanto a menores tutelados -desde los 16 años- como a aquellos que han cumplido la mayoría de edad".

Por último, se subraya que desde la Agrupación de Desarrollo de Personas Sin Hogar se han realizado "todos los esfuerzos" para contar con el Ejecutivo andaluz y dar comienzo a una colaboración institucional que desemboque en "una mejora de la coordinación, sumando esfuerzos para dar respuesta a la cruda realidad de estos jóvenes". Pese a ello, se critica el no haber tenido aún respuesta.