Valdivielso ha explicado que la Consejería así con el compromiso adquirido con los vecinos, una vez que estos han adquirido los inmuebles donde residen tras la decisión de proceder a su enajenación fruto del acuerdo del consejo de Administración de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para la regularización de las edificaciones que conforman este asentamiento.

Según ha precisado, la intervención no sólo se va a basar en la mejora de la urbanización del tejido viario del poblado ya existente, sino que también se va a poner en valor su entorno con la mejora de los accesos y la permeabilidad de los espacios libres y zonas verdes interiores. También se está estudiando rescatar un recorrido que, partiendo de Vadillo Castril, podría unir la Cerrada de Utrero con el Puente de las Herrerías.

Otra de las iniciativas que están siendo estudiadas es la puesta en valor del cauce del río donde se podrían generar actividades como paseos por su ribera, padelsurf, con la instalación de merenderos, comedores para los animales. "Y lo más importante, todo estas intervenciones se llevarán a cabo respetando en todo momento el entorno natural y siendo muy respetuosos con la normativa", ha recalcado.

Durante el encuentro, el delegado ha informado de que estas obras de reurbanización podrían licitarse a partir del próximo mes de septiembre con la financiación generada tras la venta de las propias viviendas, tal y como se acordó en su día. "Ahora afrontamos la segunda fase de este de proyecto en el que queremos que los vecinos también sean partícipes atendiendo a sus demandas y necesidades", ha dicho.

EL POBLADO

El poblado de Vadillo Castril es un núcleo menor localizado en el monte público Navahondona, en el término municipal de Cazorla, conformado en torno a un aserradero en el que se preparaba madera destinada a las traviesas de las vías férreas. Esa actividad generó la presencia en la zona de un grupo de población para el que se construyeron 31 viviendas y varios edificios destinados a equipamiento y a complementar la actividad maderera.

Una vez que el aserradero dejó de funcionar por falta de demanda, en diciembre de 2011 el Ayuntamiento de Cazorla y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta firmaron un convenio urbanístico para la gestión del poblado. Poco después, se encomendó a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación el desarrollo de ese convenio, en el que se enmarca el acuerdo adoptado por el consejo de administración de AVRA para la regularización de las viviendas.

La encomienda hecha a AVRA contempla la regularización de todas las edificaciones del poblado (que ocupan unos 46.000 metros cuadrados en total), excepto el antiguo aserradero, destinado a sede del Centro de Interpretación de la Cultura de la Madera.

Según el convenio, Vadillo Castril cuenta con 31 viviendas de entre 60 y 105 metros cuadrados, en parcelas de 90 a 150 metros cuadrados. De esas viviendas, 27 están habitadas por antiguos trabajadores de la maderera y guardas forestales, mientras que las cuatro restantes permanecen desocupadas.

Además, el poblado tiene cuatro parcelas residenciales sin edificar, que suman 675 metros cuadrados y cinco parcelas de suelo terciario, de las que una está libre y el resto ocupadas por dos almacenes, un bar y un local comercial. Existe también un suelo dotacional, con nueve edificios en los que está ubicado el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal. El complejo lo completan 6.200 m2 de zonas verdes y 15.800 metros cuadrados de viales.

A partir de la encomienda de gestión del convenio, AVRA delimitó las parcelas, zonas verdes, viales y edificios, e inició el proceso administrativo de regularización de las viviendas, a cuyos inquilinos se les ofreció la posibilidad de adquirirlas en propiedad, y la venta en oferta pública de los restantes bienes inmuebles que conforman el poblado.

Los ingresos que generaran esta operación se destinarían a las actuaciones de reurbanización y mejora de dotaciones que precisa el poblado. El proyecto de reurbanización estima los costes de las obras en 870.000 euros. Los trabajos se irán ejecutando por fases, en función de disponibilidad presupuestaria a partir de los ingresos que genere la venta de las viviendas y suelos a enajenar.