Sí se Puede exige el cese del subcomisario de la Policía Local de Santa Cruz por sus declaraciones sobre Podemos

  • Sí se Puede ha pedido este miércoles al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), el cese inmediato y la apertura de un expediente sancionador al subcomisario de la Policía Local, Blas Hernández, por sus "arengas políticas continuadas" contra Podemos en las dependencias del Cuerpo municipal.

"Consideramos inadmisible la arenga contra Podemos por parte del subcomisario y defendemos que en una institución democrática como el Ayuntamiento no puede mantenerse en el cargo a un superior que se dirige a un nutrido número de policías locales bajo su mando, exhortándoles a que no apoyen a una determinada formación política", ha señalado en un comunicado el portavoz de Sí se Puede en el ayuntamiento capitalino, Pedro Fernández Arcila.

El documento presentado por el grupo ecosocialista también reclama al alcalde que exija a la concejal de Seguridad Ciudadana, Zaida González, una rectificación pública de sus declaraciones en las que, según Sí se Puede, "justifica las ilegalidades cometidas por el subcomisario, ya que al tratarse de unos hechos cometidos por un empleado público en el ámbito laboral deben calificarse de falta muy grave". "Las palabras de González son una expresión más "de la deriva antidemocrática del PP", opinó Arcila.

El documento presentado ante el registro municipal en la mañana de este miércoles indica al alcalde que los indicios de los hechos protagonizados por el subcomisario "violan el principio de imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito, tal como establece la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público".

Además, recoge que la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias tipifica las faltas en las que incurren los policías locales que induzcan a otros a cometer actos o tener conductas constitutivas de falta disciplinaria y pena actos como el comportamiento del subcomisario con las sanciones de separación del servicio o suspensión de funciones de tres a seis años.

En el caso de que el alcalde no tome medidas ante estos hechos, Sí se Puede ha anunciado que emprenderá otro tipo de acciones para que se cumpla con la legalidad vigente y, en particular, con el artículo 9.2 de la Constitución, que señala que corresponde a los poderes públicos "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".

Mostrar comentarios

Códigos Descuento