Esta problemática se repite en varias provincias, como Málaga o Granada, si bien es en Huelva donde se está dando una mayor incidencia. Al respecto, la responsable del sector socioeducativo de CCOO Huelva, Ana Hernández, ha manifestado que "esta sentencia viene a dar la razón a más de 80 trabajadores que llevan dos años denunciando que la empresa no aplica la categoría profesional que les corresponde y que supone una rebaja salarial que oscila entre 200 y 300 euros al mes dependiendo de la antigüedad", ha informado el sindicato en un comunicado.

A pesar de este fallo, Hernández ha alertado que "esta demanda fue presentada contra la empresa Celemin, que tenía adjudicado anteriormente el servicio", por lo que teme que ahora SAMU, "a pesar de estar obligados a aplicar la sentencia al haber subrogado a las trabajadoras, haga caso omiso de esta resolución".

De hecho, ha insistido la sindicalista, "se inició un periodo de negociaciones con la empresa en la que se llegó a un preacuerdo con una mejora en las condiciones laborales y salariales, además del reconocimiento de la categoría en los centros educativos, tal y como se recoge en la sentencia".

Finalmente, el sindicato ha apelado al carácter solidario de esta fundación para que "muestre dicha solidaridad con sus trabajadores, actualmente en condiciones de precariedad laboral y social y, ejecute la sentencia reconociendo la categoría, salario y centro educativos estipulados en el pliego de licitación".