Por contra, las defensas han mantenido la petición de absolución de sus patrocinados en la sesión del juicio celebrada este martes en la Sección Tercera de la Audiencia malagueña, en la que han comenzado los informes finales de las partes, con la intervención, en primer lugar, de la representante del ministerio fiscal.

Así, la Fiscalía retira la acusación por el delito de maquinación para alterar el precio del bien inmueble, por el que fueron acusados, entre otros, Muñoz y Roca, y por el que solicitaba una pena de un año de prisión para cada uno. Asimismo, ha retirado los cargos por el delito contra la ordenación del territorio y el de fraude que achacaba inicialmente a otros acusados.

Por otro lado, una de las acusaciones particulares, en representación de una mujer perjudicada por la operación urbanística, ha retirado la acusación inicial contra Roca por el delito de uso indebido de secreto; así como por el de estafa y el de fraude que achacaba a otros procesados. En cuanto a la indemnización, plantea varias alternativas, que oscilan entre los 4,2 y los 6,4 millones de euros.

El juicio comenzó el día 8 de marzo pasado. Inicialmente había 21 acusados, pero las defensas, en las cuestiones previas alegaron, entre otros aspectos, la prescripción de algunos delitos, lo que la Sala aceptó en lo que respecta a cuatro de los procesados, que quedaron fuera del proceso, con lo que el juicio ha continuado para el resto.

Además, en las primeras sesiones del juicio, siete exediles aceptaron los hechos y los ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público pedidos por la Fiscalía Anticorrupción. Fueron los exconcejales Marisa Alcalá, Rafael González, José Luis Fernández Garrosa, Alberto García Muñoz, Tomás Reñones, Javier Lendínez y José Luis Troyano.

Esta causa, instruida en el Juzgado de Instrucción número 1 marbellí, es una de las abiertas por convenios tras una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuenta.

La Fiscalía Anticorrupción ha venido sosteniendo que a través de la operación urbanística desarrollada en dicha finca se permitió la enajenación de patrimonio municipal, supuestamente, en beneficio de los acusados, a partir de la expropiación, subasta y posterior transmisión de los terrenos, que en el proceso se revalorizaron.

La acusación pública sostiene inicialmente que desde que llegó el grupo GIL al poder en Marbella "los acusados Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, de forma concertada y con propósito de enriquecimiento injusto, gestionaron el patrimonio municipal en su propio beneficio y lucro personal o en el de terceros".

La finca pasó a ser urbanizable, "en claro perjuicio para el Ayuntamiento y respecto de sus anteriores propietarios". El fiscal relata una serie de operaciones "encadenadas" de transmisión del crédito hipotecario "que la gravaba" y en las que Roca participó, según el escrito, como interlocutor del Consistorio, pero también a través de empresas para adquirir la deuda.