El estado de la carretera A-8125, recordémoslo, saltó al debate público en abril de 2014, a cuenta de un trágico accidente de tráfico saldado con la muerte de una niña de tan sólo cinco años de edad, lo que intensificó las demandas en cuanto al arreglo de esta carretera por parte de una plataforma ciudadana y de los ayuntamientos de Arahal y Morón, gobernados entonces y ahora por Miguel Ángel Márquez (IU-CA) y Juan Manuel Rodríguez (PSOE), respectivamente.
Todos ellos solicitaban a la Junta de Andalucía el arreglo de la carretera dado su "lamentable" estado de conservación y la ausencia de suficientes garantías, en materia de seguridad vial, a la hora de circular por esta vía.
Según los alcaldes, antes de la crisis mediaba un proyecto de reacondicionamiento integral de la carretera, si bien la actuación quedó congelada a cuenta de la asfixia económica de las administraciones. Para ellos, era necesario recuperar esa idea y adaptarla a las actuales limitaciones presupuestarias, porque es urgente contar con "una carretera segura y viable".
Y después de que los presupuestos autonómicos para 2016 incluyesen finalmente partidas para acometer obras en esta vía, el
consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, se reunía el pasado mes de mayo con los alcaldes de Arahal y Morón, para anunciarles el comienzo de las obras en cuestión, con el ensanche de la calzada y la rehabilitación del firme a lo largo de los 17 kilómetros que componen la totalidad de la vía. La actuación tiene un coste de unos 5,6 millones de euros cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
El proyecto, de momento y según la documentación recogida por Europa Press, avanza con "la iniciación del expediente de expropiación forzosa para obtener la plena posesión de los terrenos que se requieren para la ejecución de las obras", aspecto por el cual la Consejería de Fomento y Vivienda ha convocado el 29 de junio a diversos propietarios de los terrenos afectados por las obras, principalmente olivares, para "llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados".
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