Caso Gescartera
Antonio Camacho Friaza, José María Ruiz de la Serna, Pilar García Reyna y Anibal Sardón. (EFE). EFE

Tras más de seis años de investigación, hoy ha comenzado el juicio oral por el escándalo financiero de Gescartera, que afecta a mas de 4.000 inversores y decide sobre una responsabilidad patrimonial superior a los 52 millones de euros.

A las 10.55 horas se inició la vista, donde están sentados en el banquillo de los acusados catorce responsables y empleados de la agencia de valores.

La Sección cuarta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, presidida por la juez Carmen González Pastor, decidirá sobre las personas y sociedades que participaron en la estafa y apropiación indebida que se produjeron presuntamente, a través de la agencia de valores Gescartera.

El recinto de la Casa de Campo acogerá la vista oral, en la que hay catorce personas imputadas por estafa, 46 acusaciones personadas en la causa

El recinto de la Casa de Campo acoge la vista oral, en la que hay catorce personas imputadas por estafa, 46 acusaciones personadas en la causa, además de la Fiscalía Anticorrupción, responsables civiles y subsidiarios, partícipes a título lucrativos y perjudicados, hasta un total de partes personadas que supera el medio centenar.

Anticorrupción pidió para el que fuera propietario de la agencia de valores, Antonio Camacho, once años de prisión por los delitos de apropiación indebida y delito continuado de falsedad, más una multa de 263.238 millones de euros.

También solicitó prisión para otras 13 personas presuntamente implicadas en el caso Gescartera, entre las que se encuentran José María Ruiz de la Serna y Aníbal Sardón, para los que pidió 11 años de cárcel, y Pilar Giménez Reyna, Francisco Javier Sierra de la Flor, y Miguel Angel Vicente González, para los que reclamó 8 años de prisión.

La defensa de Camacho ha pedido la declaración como testigos del ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entre 1996 y 2000, Jesús Fernández-Arnesto, y del antiguo director de Supervisión Ramiro Martínez Pardo, mientras que el abogado de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha planteado la incorporación a la causa como acusados de la ex presidenta de la CNMV Pilar Valiente, de su ex vicepresidente Luis Ramallo y del entonces secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna.

Responsables civiles directos

En el sumario figuran como responsables civiles directos las sociedades Gescartera Dinero AV y Gescartera Gestión SGIIC y Fisconsulting y Asesoría y Gestión de Patrimonios, y como subsidiarios, Caja Madrid Bolsa y La Caixa.

Por el momento, los afectados por esta presunta estafa han recibido más de 26 millones de euros de indemnización

Precisamente el pasado 14 de junio se cumplieron seis años desde que estallase este caso, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) intervino esta agencia de valores, ante las sospechas de malas prácticas y ausencia de información real sobre su situación.

Tras más de 50.000 folios de investigación en el sumario, la Fiscalía Anticorrupción determinó que existía un déficit patrimonial en la agencia de valores de unos 50 millones de euros y unos 4.000 clientes afectados, aunque, según fuentes jurídicas, de esta cifra sólo 1.600 inversores eran "reales" ya que había un buen número de clientes "ficticios" que se imputaban minusvalías para "arreglar" sus cuentas con la Agencia Tributaria.

Por el momento, los afectados por esta presunta estafa han recibido más de 26 millones de euros de indemnización (con un tope legal de 20.000 euros por caso), la mitad del "agujero" que la Fiscalía Anticorrupción detectó en Gescartera por el presunto desvío de dinero de sus responsables.

El juicio oral será el siguiente paso en el procedimiento penal, tras apertura de juicio oral decretada por la juez Teresa Palacios hace dos años y la salida de prisión hace tres años de Antonio Camacho, el propietario de la agencia de valores Gescartera y principal inculpado en el caso.

A pesar de que el escándalo financiero afecta teóricamente a más de 4.000 inversores y decide sobre una responsabilidad patrimonial superior a 50 millones de euros, sólo una decena de afectados se ha acercado a la sala y su presencia ha quedado eclipsada por las docenas de togas y periodistas que se agolparon en los pasillos.