El juzgado de Instrucción número 13 de Málaga ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones iniciadas a raíz de la querella presentada por el sindicato Manos Limpias contra el 'número dos' de Podemos, Iñigo Errejón, por la relación laboral de éste como investigador en la Universidad de Málaga (UMA).

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso la agencia de noticias Europa Press. Esta decisión se produce después de que el fiscal solicitara el sobreseimiento provisional de las actuaciones por "no resultar debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de esta causa".

El ministerio público emitió un informe en el que daba cuenta de un auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo con fecha del 13 de abril de este año en el que "ya se ha pronunciado en relación con otra querella interpuesta" por el mismo sindicato "por los mismos hechos, entre otros".

En ese informe, el fiscal considera que, "habiéndose declarado la competencia de dicho tribunal —el Supremo—" en relación con Errejón y "acordada la inadmisión de la querella" allí, procede decretar "el sobreseimiento y archivo de las presentes actuaciones".

En este sentido, se añade que "en relación con otros posibles intervinientes no existen tampoco indicios suficientes de la comisión de infracción penal", recordando que ya se ha seguido la vía disciplinaria en relación con el director del proyecto, Alberto Montero.

La Universidad de Málaga suspendió el pasado 4 de diciembre de forma cautelar de empleo y sueldo a Errejón mientras estudiaba si incumplió sus obligaciones laborales y la Ley de Incompatibilidades de la Administración Pública al simultanear su contrato con su labor en el partido.

La querella se presentó por presuntos delitos de estafa y contra la Seguridad Social para esclarecer si el dirigente de Podemos actuó con "malicia, engaño y maquinación, se aprovechó de la Administración y la Universidad y se apropió de una fuente de ingresos de dinero público" de forma indebida. A juicio del centro universitario, el número dos de podemos no cumplió las condiciones del contrato por el que percibía 1.825 euros brutos mensuales.