En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima condena a W.S.M. a cinco años de prisión por un delito continuado de falsedad en documentos oficiales, públicos, mercantiles y privados, por un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos y por un delito continuado de usurpación del estado civil, todos ellos en concurso medial con un delito continuado de estafa.

Además, el acusado deberá pagar una multa de 810 euros y tendrá que indemnizar a la Junta y a las distintas entidades bancarias afectadas, aunque no así a Cáritas, que renunció a la indemnización que le pudiera corresponder.

La sentencia relata que el imputado, en situación irregular en España y "actuando con ánimo de lucro", se apoderó entre 2008 y hasta su detención en Sevilla de documentación legítima de Vodafone, Tussam o Emasesa, "empresas para las que nunca trabajó".

De este modo, se apoderó de certificados de retenciones de estas empresas, pasaportes, documentación oficial de extranjería, certificados de empadronamiento, facturas telefónicas, documentación bancaria o partidas de nacimiento de personas que compartían con él domicilio, de vecinos de calle y de otras personas "con las que carece de relación", todo ello "sin que conste el empleo de fuerza o violencia, sin conocimiento o consentimiento de los titulares de esta documentación, accediendo de esta manera a datos privados y reservados de los mismos".

Una vez en su poder este material documental, el acusado empleó un equipo informático en el que se incluía un escáner para confeccionar documentos, "combinando los distintos datos, unas veces con su nombre real y número de identificación diversos, y otras con identidades que pertenecen a otras personas", tanto reales como ficticias.

AYUDAS EN PARROQUIAS SEVILLANAS

De este modo, y usando los nombres e identidades anteriores, el acusado elaboró certificados de empadronamiento, contratos de trabajo y certificados de retenciones de empresas como Vodafone, Tussam o Emasesa y documentación "ficticia" relativa a programas máster o de estudios universitarios, abrió cuentas bancarias en diversas entidades y elaboró sellos de empresas "para dar más apariencia de realidad".

El imputado, que también creó con su fotografía cuatro tarjetas de permiso de residencia, igualmente empleó dichas documentación e identidades para solicitar en diversas entidades bancarias préstamos "para utilizarlos en supuestos estudios universitarios, firmando las solicitudes y en su caso las pólizas mercantiles o escrituras públicas de préstamos con las distintas entidades fingidas en la documentación, dando apariencia de solvencia con los otros contratos laborales que fue creando".

Asimismo, empleó los certificados de empadronamiento manipulados con Cáritas, obteniendo unas ayudas en distintas parroquias sevillanas por importe de 2.375 euros, y con la Consejería de Cultura, de la que obtuvo un bono cultural por importe de 60 euros el día 10 de noviembre de 2014 utilizando una identidad "ficticia".

El juicio por estos hechos, que estaba fijado para el presente mes de mayo, no llegó a celebrarse después de que el acusado, que estuvo en la cárcel por esta causa desde diciembre de 2011 hasta marzo de 2013, mostrara su conformidad con los hechos, la calificación jurídica y las penas solicitadas por el Ministerio Público.