Así lo han asegurado fuentes judiciales, quienes han precisado a Europa Press que el instructor, por el momento, ha declarado compleja la parte relativa a los autos principales, que afecta principalmente a los funciones y responsables, y al menos tres de las piezas separadas que se abrieron por cada una de las empresas investigadas.

La Fiscalía solicitó dicha declaración en algunas de las piezas, al quedar pendiente la práctica de diligencias y por el volumen de personas jurídicas investigadas. A raíz de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esto permite fijar los plazos para finalizar la instrucción en 18 meses, con posibilidad de prórroga.

La causa tiene actualmente 27 piezas separadas, una por cada empresa investigada por las subvenciones que recibieron en las convocatorias de noviembre y diciembre de 2010 para realizar cursos. Ya han declarado ante el juez la mayoría de los empresarios investigados y los funcionarios y responsables políticos están citados para los meses de julio, septiembre y octubre.

Se investigan delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la Seguridad Social apunta en sus pesquisas iniciales a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior por parte de la administración regional, encargada de ello.

La investigación se refiere a dos convocatorias de ayudas para formación para desempleados con compromiso de contratación, la del 15 de diciembre de 2010, en la que se investigan 17 empresas que obtuvieron subvenciones -por algo menos de dos millones de euros en global-; y la del 4 de noviembre del mismo año, en la que se investigan unas diez firmas.

Los investigadores relataban en sus informes que las supuestas irregularidades se habrían producido previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas y de los profesores; además de que a veces no se llegaron a dar los cursos. Pero también en el incumplimiento del compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o supuestas falsedades en partes de asistencia.

Asimismo, se investiga una presunta falta de control por parte de la Administración andaluza en la concesión de las subvenciones, durante el desarrollo del curso y en la liquidación de las ayudas. En este punto, se han citado como investigados a varios funcionarios y responsables políticos, entre ellos el que era delegado de Empleo Juan Carlos Lomeña, que deberá comparecer el próximo 5 de julio.